Las transferencias se hicieron sin estudios de factibilidad que las justificasen, y en un caso al menos ni siquiera se especificó en qué se invertirían dichos recursos.

Las autoridades del BEDE justifican su conducta con el insólito argumento de que el mayor accionista del Banco es el Gobierno. Resulta extraño que funcionarios de tan alto nivel ignoren que la Presidencia de la República no es una institución privada y que nadie puede tomar allí decisiones arbitrarias. Los gastos del Gobierno deben estar contemplados en el Presupuesto del Estado, y las utilidades de las instituciones estatales deben destinarse a los fines específicos establecidos por la ley.

Revisando el destino de los recursos aportados por el BEDE, fácilmente se descubre el interés que subyace. Se trata en algunos casos de obras sin duda importantes, pero que deberían estar respaldadas por estudios técnicos para evitar que se conviertan en favores políticos. Ese fue el antiguo vicio de los gastos reservados que el país decidió suprimir y que, por lo visto, se los está resucitando.