El presidente de la Confederación de Jubilados, Gerardo Ramos, en una entrevista a Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), deslindó cualquier responsabilidad de sus representados en cuanto a los posibles recortes presupuestarios que el Gobierno anunció haría para cubrir el alza de las pensiones del Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social.

Durante la última semana, las autoridades del Gobierno y el presidente del Fondo de Solidaridad (FS), Milton Ordóñez anunciaron su postura contraria a usar recursos de esa entidad, porque según lo dicta la constitución, el FS no puede destinar sus dineros al gasto corriente, como son considerados los rubros que los empleados retirados reciben.

Ramos dijo que si el 22 de junio, cuando ellos pedían ser atendidos por las autoridades para que se les dé un aumento en sus pensiones, “hubiesen sido recibidos, no tendrían los 15 muertos que dejó la medida de hecho, y no se habrían tomado los principales edificios del IESS”.

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El dirigente informó que la Confederación de Jubilados que él preside agrupa a 160 organizaciones de pensionistas a los que debe consultar antes de tomar alguna decisión, por lo que en los 38 días que duró la toma de las instalaciones del IESS en el país por los manifestantes, debió llamar a dos congresos extraordinarios de sus agremiados, y en la última reunión se resolvió “no dejar las Cajas del seguro hasta que no tengan el registro oficial en sus manos”, motivo por el cual todavía la mañana de este miércoles no han  abandonado su  medida.

El titular de los jubilados dijo que ayer se reunió con funcionarios del Registro Oficial y con el presidente del Congreso, Guillermo Lándazuri, quienes le aseguraron que a las 08h30 de la mañana se publicaría el alza de pensiones como ley de la República.

El dirigente dijo que “pernoctar a la intemperie y las dos semanas de ayuno afectaron la salud de los jubilados que mantuvieron la huelga de hambre en Quito y Guayaquil”.  Además, denunció la obstrucción de algunos dirigentes que actuaron con motivaciones políticas, por ejemplo indicó que “en Guayaquil el Movimiento Popular Democrático (MPD) trató de involucrarse en la lucha de los pensionistas”; y en Quito el dirigente Gabriel Riera, “estuvo vinculado con el MPD y con Sociedad Patriótica (SP)”.

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Por su parte, Riera, en declaraciones para TC Televisión, dijo esta mañana que los jubilados no estaban pidiendo nada sino que exigían que se cumpliera con “sus derechos a tener una pensión digna, después de haber aportado con años de trabajo al país”.

Ramos dijo que la tarde de ayer corría el rumor en la capital que el Gobierno apelaría al Tribunal Constitucionalidad (TC), por considerar que la toma de 25 millones de dólares del FS, no pueden ser usados para fines distintos a los planes de salud, educación y prevención de catástrofes por desastres naturales.  No obstante el presidente del organismo, Milton Ordóñez, entrevistado por Ecuavisa, aseguró que  recomendará que no se haga la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, a pesar de que no se ha respetado la Constitución Política.

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El directorio del FS está integrado por los ministros de: Salud, Teófilo Lama;  de Bienestar Social, de Economía, Mauricio Yépez; Desarrollo Urbano y Vivienda, Bruno Poggi; y un representante de  la ciudadanía que es designado por el Congreso; y los delegados de las alcaldías, de las prefecturas y de Odeplan.