Con una marcha realizada ayer por las calles del Centro Histórico de la ciudad, los usuarios del sistema comunitario de agua potable se opusieron a la
aprobación del proyecto de ley orgánica de este servicio.

Alrededor de 300 representantes de los habitantes de las zonas rurales de Cañar y Azuay llegaron hasta la Gobernación y oficinas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda para exigir que se adjunte a dicha ley los
criterios de los usuarios o “se la archive inmediatamente”.

“El agua es un servicio y no una mercancía”, y “Abajo la privatización”, se leía en algunos de los carteles que portaban los manifestantes. Carlos Pérez, coordinador de los sistemas comunitarios de agua, señaló que la protesta se dio luego de un análisis realizado por los directivos en el que consideraron que se pretende eliminar “el carácter solidario de la dotación de agua”.  Pérez informó que el próximo 14 de agosto coordinarán nuevas acciones para impedir que se apruebe la ley.