El diputado roldosista Ernesto Valle anunció ayer que constituirá un equipo de abogados para que presenten demandas contra el Estado, reclamando indemnizaciones para los catorce jubilados fallecidos durante la huelga por las mejoras en sus pensiones.

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo y la comisión de Derechos Humanos del Parlamento comenzaron a investigar las causas que provocaron el deceso de jubilados e identificar a los presuntos responsables.

El legislador Valle comentó que los parientes de las víctimas tienen derecho a demandar al Estado por daño moral ante la negligencia de la Presidencia de la República. Según el diputado apenas se produjo el reclamo, el Gobierno estuvo en la obligación jurídica, social, moral y humana de adoptar medidas para impedir la huelga.

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En la Defensoría existe una denuncia del MPD respecto a los jubilados fallecidos y el proceso se incluirá en el expediente que abrió ese organismo para investigar el manejo global de la seguridad social.

Claudio Mueckay, defensor del Pueblo, anunció que en la indagación se determinará si hubo o no responsables de los fallecidos que participaron en la huelga de hambre y toma de las dependencias del IESS, en varias provincias del país.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Augusta Rivas, abrió un expediente para investigar el caso “pues los fallecimientos se originaron por la desidia del Gobierno, que no atendió satisfactoriamente a estos ecuatorianos”.

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Legalmente, según el penalista Rodrigo Bucheli, los familiares de las víctimas podrían presentar una demanda en contra del Gobierno por el delito de negligencia y daño moral. Dicha infracción, dijo, está tipificada en el Código Civil.