La actividad del tramitador no es ilícita, explicó el penalista Rodrigo Buchelli, puesto que hay un acuerdo entre dos partes (tramitador y cliente). “El hecho de cobrar beneficios económicos excesivos no necesariamente constituye un delito”, afirmó.

No obstante, Buchelli explicó que la falsificación de sellos o timbres extranjeros, según el artículo 334 del Código Penal, es reprimida con pena de uno a cinco años de prisión.

En la Defensoría del Pueblo hay alrededor de unas 100 quejas verbales y 50 escritas sobre estafas en la legalización de documentos, de las cuales una está firmada por 80 afectados.

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El defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, dijo que ha solicitado en varias ocasiones una cita con el cónsul español, José Antonio Sabadell, para exponer los 230 casos. Sin embargo, Camilo Mena, jefe del despacho de la Defensoría, señaló que aún no se concreta la reunión.