Los perjudicados por tramitadores consideran que debería haber sanciones para esta actividad, debido a la multiplicación de estafas a inmigrantes y a sus familiares que viven en España.

Esta situación impulsó a varias asociaciones a exigir ante la embajada española cambios en su atención al público para eliminar la labor de tramitadores, ubicados en los alrededores del edificio en Quito.

Además de las protestas que realizan los usuarios todos los miércoles afuera de la oficina diplomática, integrantes de la Asociación Llactacaru solicitaron una audiencia al cónsul español, José Antonio Sabadell, para exponer las denuncias en contra de los tramitadores, así como para pedir explicaciones sobre el sistema de citas por teléfono.

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300 por día

Según Sabadell, la embajada española facilita información directamente a 300 personas por día, a través de una ventanilla “con un trato digno y eficiente”, y ofrece información que incluye formularios y advertencias en la página web www.embajadaespana.com.ec

Pero a pesar de que en los folletos informativos de la embajada se explica que para legalizaciones y visados hay que recurrir a un número telefónico, Sabadell aseguró que este método solo se aplica para legalizaciones y visados de turismo y estudio; mientras que quienes solicitan información para visados de residencia (trabajo y reagrupación familiar) son atendidos sin necesidad de cita.

Para Patricio Carrillo, representante de Llactacaru, la respuesta revela una falta de apertura de parte del cónsul para conocer los problemas de los migrantes ecuatorianos.

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Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Migratorios de la Cancillería, Héctor Falconí, señaló que en varias ocasiones ha mantenido reuniones sobre el tema con el embajador español, Andrés Collado, y el cónsul Sabadell, quienes han mostrado predisposición para recibir reclamos.

El cónsul Sabadell, a través de una comunicación a la asociación Llactacaru, expresa que la embajada española es la primera en apoyar la toma de medidas en contra de tramitadores, y que por esto colabora con la Policía de Migración y la Fiscalía, a fin de facilitar la detención de estas personas. Sabadell sugirió además, según Llactacaru, que las personas que han resultado perjudicadas por tramitadores realicen las denuncias.