OEA inculpa a Ecuador por Sarayacu

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró al Ecuador con presunciones de responsabilidad por la violación de los derechos humanos del pueblo Sarayacu, según un informe del pasado 6 de julio.

Según el dictamen de la CIDH, que forma parte de la  Organización de Estados Americanos (OEA), el Ecuador debe adoptar medidas para garantizar los derechos humanos, de territorialidad y de libre circulación de la comunidad indígena, asentada en la provincia de Pastaza.

El defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, explicó que el caso Sarayacu empezó en la Defensoría, en el 2002, cuando dictó una “resolución defensorial”, que declaró a la comunidad bajo su protección.

El antecedente es que Sarayacu es reconocido por el Estado como territorio ancestral desde 1992, pero cuatro años después el propio Estado celebró un contrato con la empresa argentina Compañía General de Combustible (CGC), para la exploración y explotación petrolera en el bloque 23 (65% del territorio Sarayacu).

El caso se denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Ecuador, el 5 de mayo de 2002, adopte medidas cautelares. Sin embargo, el país no cumplió y el expediente pasó de la CIDH, que dictó ocho medidas provisionales pues considera la situación “de extrema gravedad y urgencia”.

Mueckay afirmó que si el país no cumple las medidas puede ser calificado de “violador de derechos humanos en el concierto internacional”.

La Corte sugiere proteger la vida de los miembros del pueblo indígena, garantizar la libre circulación, investigar y sancionar los actos de violencia y mantener informadas a la CIDH y la Comisión sobre la adopción de medidas.

La Procuraduría recibió la notificación la semana pasada. El 19 de julio anterior se realizó una reunión entre funcionarios de varias instituciones y se conformó un comisión interinstitucional que se trasladará a la comunidad Sarayacu para coordinar la ejecución de las medidas. Posteriormente se hará un informe que se enviará a  la secretaría de la Corte, en Costa Rica.

El embajador Julio Prado Espinosa, director de Derechos Humanos, Asuntos Sociales y ambientales de la Cancillería, explicó que el Ecuador fue notificado “hace diez días y ya prepara una respuesta para la cual se están estudiando asuntos técnicos y políticos”.

Mientras el ex canciller Julio Prado Vallejo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que la resolución de la Corte no es apelable a ninguna instancia y en la práctica “refleja que el Ecuador ha sido un violador de los derechos humanos”.

Casos que cita el informe

El 25 de enero del 2003, en territorio Sarayacu, miembros del Ejército ecuatoriano y personal de seguridad de la empresa CGC detuvieron a los dirigentes indígenas Elvis Fernando Gualinga, Marcelo Gualinga, Reinaldo Gualinga y Fabián Grefa.

El 18 de julio del 2003, la comunidad informó que el Estado no estaba dando cumplimiento a las medidas cautelares, y el Comando IV Amazonas habría iniciado un operativo en la zona.

El 31 de marzo del 2004, un comando militar realizó una incursión sorpresiva y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Octavio Romero, había ingresado en un helicóptero a Sarayacu, acompañado de dos policías militares y diez oficiales del Ejército, todos armados, para advertir que si la posición del pueblo no permite el ingreso de la petrolera, las decisiones se tomarán desde Quito y se militarizará el territorio. 

Agresión a Marlon Santi, presidente de Sarayacu, el 1 de marzo, en Quito, antes de viajar a Washington a una reunión con la Comisión.