División de jubilados, tras acuerdo con Gobierno, generó peleas a puños en Guayaquil.

Régimen retoma su propuesta original  para financiar aumento de pensiones.

Los jubilados se mantendrán en huelga de hambre hasta que se publique la ley en Registro Oficial.

El Gobierno envió ayer al Congreso, a las 17h12, el veto parcial a la Ley de Incremento de Pensiones Jubilares del IESS, aprobada por los diputados el miércoles pasado.

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Los legisladores acordaron subir el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los cigarrillos, del 77,25% al 98%, y para los licores, del 26,78% al 32%; y excluyeron de ese ajuste a la cerveza. Además, plantearon reducir la tasa de interés (del 9,35% al 3,9%) de los bonos AGD en poder del Banco Central y tomar 25 millones del Fondo de Solidaridad (FS). Paquete de medidas que, según los legisladores, suma los 68 millones de dólares que exige el alza de las pensiones.

Ayer, en la ceremonia del 50º aniversario de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), en Quito, el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, ratificó que el uso de dinero del FS para las pensiones es inconstitucional y que lo vetó “pese al efecto político negativo que mis asesores me han vaticinado para las próximas elecciones”.

Gutiérrez explicó que, en el veto parcial, insiste en aumentar el ICE a las cervezas, pero en un porcentaje menor al que propuso originalmente. “Con ello el precio de este producto al consumidor final variará en apenas 6 centavos”, dijo.

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El documento, con la objeción, plantea que el tributo a la cerveza pase del 30,90% actual al 45,82% (la propuesta inicial del Ejecutivo era colocarlo en el 50%).

Respecto a los bonos AGD, no sugiere cambios “aunque esto –dijo– causará problemas en el Presupuesto” y exhortó a los legisladores a que “defiendan con responsabilidad los intereses de los jubilados y no los de las cerveceras”.

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En sus argumentos jurídicos, el veto indica que la reforma que hizo el Congreso al artículo 11 de la Ley del Fondo de Solidaridad, para viabilizar el uso de los $ 25 millones, contraviene varias disposiciones legales. Entre ellas, señala los artículos 6 y 7 de la misma ley, que conceden al Fondo la potestad privativa para administrar los recursos que le son asignados y prohíben su uso para fines distintos a los de su creación.

Aunque en ninguna parte el veto señala que la ley aprobada por el Congreso es inconstitucional, el Ejecutivo sí menciona que el artículo 250 de la Constitución dispone que las utilidades del Fondo de Solidaridad se emplearán para financiar en forma exclusiva programas de educación, salud, saneamiento ambiental y para atender los efectos de las catástrofes naturales.

Otro de los argumentos expuestos indica que el 100% de los recursos provenientes de las utilidades del Fondo ya están comprometidos. El veto insiste, además, en la aprobación de una ley que cree una compensación para los jubilados y no de una ley de incremento de pensiones.

El Ministerio de Economía terminó, ayer al mediodía, los últimos cálculos para sustentar el veto parcial. En su análisis, sostuvo que la propuesta del Congreso solo genera 62,3 millones; es decir, 6 millones menos de lo que se necesita para financiar la ley.

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En las proyecciones del ministerio, el aumento del ICE para los tres productos (licores, cigarrillos y cerveza) suma 48,3 millones de dólares, que sumados a los 20 millones por la reducción del interés de los bonos AGD dan un total de 68,3 millones, con lo que se cubre el costo de la ley.

El ministro de Gobierno, Raúl Baca, manifestó –refiriéndose a la demora que el veto ocasiona a la solución de la huelga de hambre de los jubilados– que “es una pena que esto sea así, pero hay que hacer lo que más conviene al país”.

Mientras que la primera dama, Ximena Bohórquez, dijo que se trata de “lo que todos llamamos un ping pong” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Los pensionistas en huelga de hambre de Quito y Guayaquil advirtieron que levantarán la medida solo cuando la Ley de incremento de pensiones jubilares sea publicada en el Registro Oficial.

POSTURAS
Combatir la pobreza
Según Guillermo Landázuri, presidente del Congreso, el Fondo de Solidaridad, que se alimenta de las utilidades de las empresas telefónicas y eléctricas, sirve para combatir la pobreza, por ello se justifica tomar recursos de este fondo para ayudar a los jubilados.

Resistencia
Ruth Domínguez, presidenta de la asociación de jubilados Publio Falconí, manifestó que sus compañeros ya “no aguantan más” y pidió al Gobierno que no vete la forma de financiamiento del alza de pensiones.