Forcejeos y golpes entre los jubilados

La división de los jubilados  de la Caja del Seguro de Guayaquil terminó ayer en enfrentamientos. Y golpes.

La razón del problema radica en que el Frente de Defensa de los Jubilados no apoya el convenio suscrito entre dirigentes de los pensionistas y el Gobierno. El pacto consistió, entre otras cosas, en el aumento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Todo empezó cerca de las 12h00, cuando el dirigente del frente, José Hoyos, expresaba declaraciones a un medio de comunicación radial sobre su desacuerdo con el convenio.

Ruth Domínguez, de la asociación Publio Falconí, las escuchó y decidió salir de la Caja hasta donde estaba Hoyos (avenida Olmedo) para “que le dijera todo en la cara”. Glen Sánchez, hijo de Domínguez, enfatizó que el presidente del frente no quiso hablar con su madre. Luego de ello, empezaron los insultos. Un miembro de la agrupación Publio Falconí, Xavier García, escuchó “palabras fuertes” contra la dirigente y decidió actuar. Fue así como García se abalanzó contra Hoyos y empezaron a forcejear. El dirigente del frente denunció que fue maltratado.

Este incidente ocasionó que Domínguez no se sumara a la huelga de hambre a la hora prevista (12h00). Su presión sufrió un descenso. Sin embargo, en horas de la tarde se incorporó al grupo. Son 14 personas del Frente y 21 de la agremiación Publio Falconí que pliegan al ayuno voluntario. Esta medida lleva ya diez días.

Domínguez dijo que la huelga se mantendrá hasta que el Gobierno publique el alza de pensiones que pactaron en el Registro Oficial.

El incremento establece que la pensión mínima jubilar será de $ 85 y el aumento fluctuará entre $ 20 y $ 30.

La dirigente enfatizó que el presidente de la República no debe vetar ni parcial ni totalmente la ley aprobada por el Congreso, porque los pensionistas ya no aguantan más. A pesar de ello, no se mostró escéptica y guarda esperanzas de que el problema se resuelva. Manifestó que recibió una llamada del gobernador del Guayas, Felipe Mantilla, quien le informó que todo se podría solucionar este fin de semana.

La dirigente también lamentó la muerte del afiliado Lautaro Piguave, de 60 años, quien participó en la toma de la Caja del Seguro iniciada hace 38 días. La suma de fallecidos llega a 15, confirmó.

Ante ello, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, respaldada por quince países decidieron, en Bogotá, auspiciar una demanda en contra del Estado ecuatoriano por la muerte de los jubilados y los daños morales y psicológicos.

Sonia Aguirre, representante de los derechos humanos para la tercera edad, explicó que la demanda se enviará a la Comisión de Derechos Humanos que analiza si es admisible la denuncia. Luego pasa a la Corte Interamericana que determina la sentencia. Las sanciones van desde lo económico hasta la certificación al Estado por la violación de los derechos  en contra de este grupo vulnerable.