Con el argumento de que “todos los laudos son apelables en cualquier parte del mundo” y una resistencia a cumplir con el dictamen arbitral -que dispuso el pago de 75,07 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental-, los abogados estatales encontraron un segundo frente de defensa.

Además de acogerse a la Convención sobre Sentencias Arbitrales Extranjeras, apelarán -si es necesario- a la Corte Superior de Inglaterra, una institución similar a la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Esa alternativa implicará que el laudo (resolución final) se someterá a las leyes de ese país, y como ocurre en Ecuador, su dictamen será definitivo.

Larry Memmott, consultor económico de la embajada de Estados Unidos en Ecuador, resaltó ayer que el arbitraje se amparó en un acuerdo bilateral (Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) pero que si el país decidió apelar el laudo ante una Corte inglesa, el dictamen que ahí se emita deberá respetarse.

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El artículo 5, numeral 2 de la Convención sobre Sentencias Arbitrales Extranjeras determina que un país podrá negarse a reconocer una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado, en que se pide su ejecución, comprueba que el objeto de la diferencia no es susceptible de solución vía arbitraje.

Los abogados estatales no se allanarán al fallo del Tribunal porque consideran que el “laudo es inminentemente tributario” y ningún otro sujeto, que no sea el Estado, puede decidir sobre sus tributos.

El canciller Patricio Zuquilanda dijo ayer que apoyará las decisiones de la Procuraduría y del Servicio de Rentas Internas en lo que respecta a la devolución del IVA petrolero.

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“Si tenemos que pagar, pagamos y si tenemos que apelar, apelamos”, indicó el Canciller.