La frontera es un enclave único de enlace indisoluble de la seguridad ciudadana con la seguridad nacional e internacional, donde el Estado tiene una responsabilidad básica para la protección de la población, el control del territorio y la garantía de la soberanía nacional.

La población de nuestras provincias fronterizas busca protección ante el agravamiento que ha sufrido su precaria situación de supervivencia, a causa de la influencia delictiva transnacional.

Las amenazas violentas no cesan en este espacio de la geografía nacional. Así lo demuestran la detención de ciudadanos colombianos presuntos desertores de las FARC y el descubrimiento de una base de descanso y un laboratorio incipiente de cocaína, prácticamente en los mismos días en que se declaraba la Zona de Paz Andina.

La captura de los infiltrados evidencia el eficaz funcionamiento del sistema de seguridad nacional. Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con una inteligencia precisa y oportuna, acompañada de acciones de vigilancia y control de la seguridad pública y de protección de fronteras.

Acciones de la Fuerza Pública que han perdido trascendencia en los espacios de opinión, no obstante ser rutinarias y de obvia responsabilidad institucional, al no ser destacadas hacen que se pierda la oportunidad de transmisión del mensaje, sobre la actitud nacional de rechazo y firmeza frente a este tipo de amenazas ofensivas transnacionales.

Sin embargo de haber desvanecido cualquier posibilidad de tolerancia con los grupos ilegales, en el ámbito político estratégico, todavía persiste una estrategia egoísta, que por escudarse en el temor a involucrarse en el conflicto de Colombia, termina sin resultados satisfactorios para la subregión en su combate al crimen organizado transnacional.

Resultados defectivos que son la consecuencia de falta de cooperación en la política internacional, generándose un dilema de seguridad, mediante el cual la aplicación de estrategias aisladas, autocentradas en su propia realidad, afecta a la seguridad de los demás, con lo cual se intensifica y amplía el conflicto a nivel subregional.

Una alternativa para no caer en este dilema se encuentra en el Acta de Quito, producto de la XV Cumbre Andina, mediante la cual, y para salir de la mal calificada “Zona de Paz retórica”, es oportuno poner en funcionamiento la Red Andina de Seguridad. Según la propuesta, no solamente los estados sino las entidades estatales y no estatales, los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación social y la misma población, deben participar en el diseño e implementación de la Política de Seguridad Común Andina.

Esta oportunidad es la que evitará la securitización de los problemas así como las soluciones de quienes piensan que la zona de paz debe basarse en la reducción de gastos militares y en la desmilitarización de la frontera.

La Red Andina de la Seguridad debe vincular a la seguridad ciudadana, nacional e internacional, en armonía con los convenios internacionales consensuados por los países para combatir amenazas transnacionales.

La nueva estrategia debe traducir el interés colectivo en cooperación mutua multisectorial, que cambie la orientación de la responsabilidad exclusiva en la Fuerza Pública.