El Congreso Nacional aprobó ayer una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado que permite la intervención de ese organismo a todas las entidades públicas y en aquellas empresas de derecho privado que manejan recursos del Estado.

Con esa reforma, la Contraloría podrá intervenir en áreas de los sectores eléctrico y telefónico que antes estaban exentos de control, con el argumento de que tenían finalidad pública y social.

Igualmente se obliga a los magistrados, funcionarios y diversas autoridades a presentar la declaración patrimonial juramentada acompañada de un historial de los bienes adquiridos y transferidos durante el ejercicio de sus funciones, al inicio, al final de las mismas y cada dos años.