Telerama se empeña en demostrar que la AGD cometió ilegalidades en el remate de los lotes de Expoplaza. El otro día presentó una pila de documentos probatorios y un intrincado alegato. Los argumentos parecían convincentes pero había algo que no terminaba de cuadrar, algo relacionado no con la denuncia en sí, sino con la manera cómo Telerama la presentó.

El texto de la noticia era una larga parrafada de argumentación jurídica densa, escrita en la jerga correspondiente. El único lugar en el que no desentonaría un texto de esa naturaleza es en un juzgado, donde no solo cumpliría más cabalmente su objetivo, sino que hasta encontraría periodistas que lo reseñen. Quiero decir: no era un texto periodístico, sino un alegato jurídico en toda regla, destinado a demostrar la “nulidad absoluta” del proceso de remate de esos lotes.

¿De dónde proviene este alegato presentado como noticia? Eso es lo más curioso de todo: no está claro. El canal reprodujo la denuncia in extenso pero, en lo que respecta a su autoría, se manejó con una ambigüedad que llama la atención.

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“Ratifican denuncias remate AGD”, decía el telegráfico subtítulo de la noticia, pero en ningún momento se aclaraba quiénes eran esos implícitos “ellos” que “ratifican” las denuncias. Más bien, parecía que era el propio canal el que lo hacía pero, por alguna razón, no lo quería admitir. ¿Por qué? No estuvo claro si Telerama se responsabiliza o no por el contenido de la denuncia.

Como resultado de esta confusión, nos quedamos con la impresión de que el canal se guarda una parte de la verdad, lo cual, por otro lado, parece ser un procedimiento televisivo habitual en el Ecuador post crisis bancaria.

Y sí, a lo mejor las denuncias de Telerama son todas ciertas. Pero ¿se puede luchar contra la corrupción con mensajes ambiguos y confusos, guardándose una parte de la verdad?