La Comisión Ballenera decidió extender el plazo de las normas que protegen a los cetáceos.

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) acordó ayer prorrogar por una década las normas de protección vigentes en el santuario de cetáceos de la Antártida. No obstante,  rechazó la propuesta de Brasil y Argentina de crear una reserva en el Atlántico Meridional.

Tampoco aceptó el proyecto para establecer un área protegida en el Pacífico Sur (presentado por Australia y Nueva Zelanda) ya que la oposición del bloque de países balleneros, encabezados por Japón, Noruega e Islandia impidió que se obtuvieran los votos necesarios para su aprobación.

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La CBI debatió estas cuestiones durante la tercera jornada de su reunión anual, que se celebra hasta hoy en la ciudad italiana de Sorrento.

Con el apoyo de 30 de los 57 países miembros, la Comisión decidió mantener el santuario de la Antártida, establecido en 1994 como una de las mayores áreas protegidas, para garantizar la supervivencia de cetáceos como la ballena azul, la ballena franca austral y el cachalote.

Esta decisión fue recibida con satisfacción por parte de grupos ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que subrayó la importancia de las reservas marinas como un pilar para la supervivencia de los cetáceos y el desarrollo de las actividades económicas alternativas a la pesca.

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Proyectos negados
El bloqueo a las iniciativas para la creación de nuevas áreas protegidas estaba dentro de lo previsto desde el inicio de la reunión, ya que el mecanismo de voto de la CBI requiere una mayoría de las tres cuartas partes para la institución de este tipo de reservas.

El proyecto para establecer un santuario en el Atlántico Sur había sido fuertemente promovido por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que en vísperas de la votación envió una carta a los miembros de la Comisión en la que pedía apoyo para la iniciativa.

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En el mensaje, Lula instaba además al uso no letal de los recursos ligados a las ballenas, como gesto concreto de la comunidad internacional para la conservación de la biodiversidad.

Desde 1986, año en que entró en vigor la moratoria sobre la caza de los grandes cetáceos, Japón ha esgrimido el argumento de la investigación científica para pescar, según el WWF, más de 8.000 ballenas, entre ellas especies en peligro de extinción.

Creada en 1946 por los países firmantes de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, la Comisión Ballenera es actualmente el único órgano reconocido internacionalmente para regular la caza de estos mamíferos marinos.