Ecuador sí apelará el laudo arbitral, que beneficia a la empresa Occidental por la devolución de IVA petrolero. Autoridades se reunieron ayer para definir cómo  apelarán al fallo que favorece a Occidental.

La conferencia telefónica que tuvo ayer Erick Orway, defensor del Ecuador en el caso de Occidental, con los abogados del Estado permitió a las autoridades unificar criterios respecto a la posición que mantendrá el Gobierno frente a la devolución del IVA petrolero y a las futuras declaraciones públicas sobre el tema.

Una hora después del conversatorio, que se inició alrededor de las 11h00, resolvieron que Orway solicite una ampliación del plazo que tiene el Estado ecuatoriano para devolver $ 75,07 millones a la petrolera, del 29 de julio al 11 de agosto; eso permitirá interponer un recurso que impida la ejecución del fallo arbitral, indicó Carlos Burgos, procurador encargado.

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El funcionario no especificó cuándo se efectuará el pedido para ampliar el plazo que se solicita. Indicó, en cambio, que se analiza la posibilidad de presentar una apelación o solicitar la nulidad del arbitraje ante la Corte inglesa. “El Ecuador no se allana al fallo ni acepta el laudo arbitral”, advirtió Burgos.

Los jurisconsultos que realizan el análisis comentaron que “el tema es muy complicado, estamos analizando todas las alternativas posibles para definir cómo apelamos el laudo arbitral”.

A la reunión, liderada por Burgos y la directora del Servicio de Rentas Internas, Elsa de Mena, asistieron la abogada de la Procuraduría, Martha Escobar; el representante del Ministerio de Energía, Luis Calero; los asesores legales del SRI, Wilson Ruales y Carlos Venegas; y el representante legal del Primer Mandatario, Carlos Larrea.

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Se hizo equipos de trabajo para aportar con ideas, sugerencias, alternativas e inquietudes del caso, en especial sobre cómo y enmarcándose en qué normas internacionales se puede pedir la incompetencia arbitral.

En el texto del laudo (resolución final) se aclara que el Tribunal Arbitral se declaró con competencia para conocer y resolver el caso; por ello, determinó que el país deberá cancelar 75,07 millones de dólares, de los 201,56 millones (80,26 millones por retorno de impuestos y 121,3 millones por daños futuros) que demandó la petrolera estadounidense.

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Pese a ello, el Estado se niega a reconocer esa competencia e insiste en buscar un recurso que les permita frenar el laudo arbitral, aun cuando el plazo de la sentencia vencerá el jueves de la próxima semana.

Los abogados deberán adoptar una decisión definitiva en esta semana y máximo durante los primeros días de la próxima..

LEGAL

ESCRITO
La Procuraduría explicó, ayer, que de no ampliarse el plazo, dispuso a su abogado en el exterior, Erick Orway, preparar el escrito de interposición del recurso (apelación) para el 29 de julio. La Procuraduría argumentará falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral para fundamentar el proceso.

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PROYECTO
El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso para crear una compensación jubilar incluye la interpretación del artículo 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado con la devolución del IVA a las petroleras.

DEBATE
Ayer, durante el debate legislativo de dicho proyecto, el Partido Social Cristiano (PSC), a través del diputado Pascual del Cioppo, fue el único bloque que se refirió al tema y señaló que esa parte del documento no debe incluirse en la ley.

POSTURAS

Posición del SRI
Las autoridades del SRI aclararon ayer que el monto que el Estado reconocerá a la petrolera Occidental –en caso de que no se apele el fallo arbitral– llega a los 55,2 millones de dólares.

El lunes pasado su directora, Elsa de Mena, dijo que serían 49 millones.

Esos 55,2 millones, sostiene el SRI, deben reconocerse a Occidental porque, mientras estaba vigente su contrato con el Estado, se elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 12%. El SRI sostiene que la compensación debe hacerse en crudo.

Para la autoridad, existen –además de los 55,2 millones– una cifra de 16 millones de dólares que podrían corresponder a la devolución del IVA que la petrolera canceló para importar insumos y utilizarlos en la explotación del crudo. Esta cifra se verificará.

Sumados ambos montos se obtiene un total de 71,2 millones de dólares. El SRI no reconoce los restantes 3,8 millones de dólares (para llegar a los 75 millones) porque corresponden a intereses; rubro que ningún tribunal local, en casos similares, ha reconocido.

Lo que dice el laudo
El Tribunal Arbitral Internacional dispuso que el Estado devuelva a la petrolera Occidental un total de 75,07 millones de dólares que corresponden al total del IVA (no al incremento del 10 al 12%) que la compañía pagó en las importaciones de insumos destinados a la explotación de crudo.

El monto incluye 71,53 millones de dólares de capital y 3,54 millones de dólares de intereses, según consta en el texto.

El laudo arbitral recomendó, como mecanismo de pago, la renegociación de la cláusula 8.6 del contrato firmado por la petrolera y el Estado, el cual hace referencia al pago de impuestos vía porcentaje de participación en la cantidad de crudo que se extrae.

En el bloque 15, en donde opera Occidental (la empresa que demanda la devolución del Impuesto al Valor Agregado), ese porcentaje está en el límite permitido: 87,5% para la compañía y 12,5% al Estado.

Las autoridades analizan la posibilidad de revisar sus otros contratos, en el campo Edén Yuturi y en Limoncocha.