Al cerrarse la etapa sumarial del juicio 57-2000, dos años y cinco meses después de haberse iniciado un juicio por peculado en contra de los ex accionistas de Filanbanco y otros sospechosos, la fiscal general de la Nación, Mariana Yépez, ya no encontró méritos para acusarlos por ese delito.

El dictamen, emitido el 20 de noviembre del 2002, desestimó el peculado y lo redujo a falsificación de documentos.

Una de las razones para este cambio de opinión se fundamentó en un documento elaborado el 12 de junio del 2000, por el entonces gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Miguel Dávila. Básicamente el documento reveló que los préstamos de liquidez entregados a Filanbanco se pagaron en la administración estatal y si bien era cierto que cuando la administración privada concedió nuevos créditos durante el tiempo que recibió este dinero, este no provino necesariamente del BCE sino de sus propios ingresos o de otros créditos.

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El 16 de junio del 2000, la fiscal Yépez señaló en su excitativa que no tomará en cuenta este informe porque las conclusiones “no guardan armonía con la prohibición (...) de desembolsar operaciones de crédito nuevas (...) y el oficio no se tomará en cuenta para los resultados de la presente excitativa”. El 20 de noviembre del 2002, por el contrario, lo utilizó como prueba, junto con otro informe del entonces gerente del BCE, Leopoldo Báez, y los reportes de los ex gerentes de Filanbanco privado, Juan Franco, y de Filanbanco estatal, Antonio Bejarano.

En su dictamen, Yépez consideró que los delitos se ajustaban a los artículos 363 y 364 del Código Penal y entre las razones señaló “porque los administradores de Filabanco S.A. realizaron operaciones de crédito nuevas aun cuando estaban pendientes los créditos de liquidez concedidos por el Banco Central”.

Cuatro meses después del dictamen, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa época, Armando Bermeo, no tomó en cuenta el pedido de Yépez y llamó a juicio plenario a trece de los 26 acusados. También sobreseyó parcialmente a siete sindicados, y ocho más fueron exculpados definitivamente. Entre los trece se incluyeron a Roberto y William Isaías, Juan Franco, Magdalena Ávila, Daniel Rodríguez, entre otros.