Lo que comenzó como una reivindicación justa de un pequeño grupo de la población ecuatoriana se ha convertido en la mejor radiografía del país, de sus dirigentes, de su política y de su historia reciente. Sin proponérselo, los jubilados han logrado que se expongan descarnadamente las irresponsabilidades que se han ido acumulando a lo largo de años o décadas de contarnos mentiras unos a otros y, para peor desgracia, de creer en ellas. La existencia de un sistema de seguridad social es una de esas mentiras, a la que hemos contribuido todos en la medida de nuestro peso y de nuestro propio interés hasta terminar en la hipocresía generalizada.

Contribuyeron los sucesivos gobiernos que descapitalizaron al IESS cuando lo convirtieron en caja chica, cuando incumplieron con su obligación patronal y sobre todo cuando acumularon tantas distorsiones salariales que llevaron a que la aportación se haga sobre una proporción minúscula del ingreso del afiliado.

Contribuyeron los políticos de gobierno y oposición, desde el ejecutivo y desde el legislativo, cuando mantuvieron un sistema de reparto que no tenía viabilidad y que más temprano que tarde llegaría al punto que ahora estamos viendo. Encontraron la última oportunidad en la propuesta de la Comisión Interventora de ir hacia un sistema mixto, pero como no podía ser de otra manera, para satisfacer intereses de cada grupo se prefirió elaborar la colcha de retazos que es la actual ley. La ambición de echar el zarpazo y la retórica estatista se juntaron para sentenciar a una vida de zombi al monstruo burocrático.

Contribuyeron las cámaras de empresarios y los sindicatos de trabajadores que nunca llegaron a acuerdos para sincerar salarios e ingresos. La declaración del monto real pagado y recibido habría significado mayor carga impositiva y también mayor aportación a la seguridad. La evasión los colocaba en la misma orilla y desde ahí deben haber presenciado el naufragio de algo que ni siquiera llevaba esperanzas, porque los unos tenían asegurada su vejez y los otros pensaban que ni siquiera llegarían a una edad que pudiera recibir ese nombre.

Contribuimos todos los afiliados, incluyendo los que ahora exigen con huelga de hambre una pensión digna, cuando nunca nos preocupamos de asumir como una verdad algo tan elemental como que la seguridad social es nuestra. Supusimos, como en muchas otras cosas, que era asunto del Gobierno o –más abstracto aún– del Estado y que de ahí debían venir las soluciones. No es casual que todos los requerimientos de los jubilados se dirijan hacia allá y que crean que la solución está exclusivamente en manos del Presidente.

Es de esperar que la acción de los jubilados provoque algo más que reportajes lastimeros en los medios de comunicación y nos lleve a pensar en la responsabilidad individual que se ha transformado en colectiva. Si eso se hace, se habrá vencido a la hipocresía. El siguiente paso deberá conducir a la reforma integral del obsoleto sistema, aunque para superar el problema inmediato se deba acudir a una medida de emergencia que eleve provisionalmente las pensiones.