Aunque no tiene nada que ver con las pensiones, el proyecto del Ejecutivo para crear un subsidio a los jubilados plantea al Congreso, en su artículo 5, la “interpretación obligatoria del artículo 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno”, que dispone la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que los exportadores pagan por importar los insumos que utilizan en la fabricación de productos.

El Ejecutivo sostiene que esta restitución “no es aplicable a la actividad petrolera, puesto que el petróleo no se fabrica, sino que se extrae”.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, indicó que el objetivo del Gobierno es que, una vez que Occidental Exploration and Production (Oxy) ganó un arbitraje internacional por lo que exige la restitución del IVA ($ 75 millones), la ley ecuatoriana especifique sus normas, con el fin de que las demandas de otras petroleras no tengan justificación.

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El Tribunal Arbitral Internacional que se pronunció a favor de Oxy consideró que hubo discriminación al inversionista, al no devolverle el IVA.

Édgar Terán, ex canciller, explicó –con el dictamen en sus manos– que “si la demanda hubiese sido tributaria, el Tribunal no podía tratarlo, pero la demanda se presentó por discrimen”.

Según Terán, no se discutía si se debía o no retornar el IVA, sino si se cumplió o no con el Tratado Bilateral de Inversiones que firmaron Ecuador y Estados Unidos, y que establece que ningún inversionista (de los dos países) debe tener un trato discriminatorio o diferente al nacional.

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Oxy pidió al Tribunal que el Estado cumpla con los artículos 65 y 69-A de la Ley de Régimen Tributario, referentes a la devolución del impuesto.

La defensa del Estado insistía en que el contrato petrolero firmado el 21 de mayo de 1999 ya reconoce el IVA, en barriles de crudo.

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Carlos Velasco, asesor del Servicio de Rentas Internas, dijo que acceder a las pretensiones de las compañías viola el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos.

Entre tanto, los abogados de la Procuraduría esperan presentar hasta fin de mes, algún recurso de revisión que suspenda el pago de 75 millones de dólares a la petrolera.