Debate por candidaturas femeninas

Resolución del TSE sobre la ley de cuotas es rechazada por las organizaciones femeninas.

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dejar al libre albedrío de los partidos políticos la ubicación de las candidatas mujeres en las listas para las elecciones seccionales del 17 de octubre próximo, provoca nuevamente el rechazo de las organizaciones femeninas del país que, desde el 2000, cuando fue aprobada la ley de cuotas, han insistido en que los puestos en las listas deben ser alternados entre hombres y mujeres.

“Dejar esa decisión en manos de los partidos políticos es una irresponsabilidad del TSE porque es al organismo electoral al que le corresponde regular los procesos electorales”, expresa Margarita Carranco, concejala de Quito y dirigenta del Movimiento de Mujeres del país, quien recuerda que hace dos años el Tribunal Constitucional dejó sin efecto un reglamento del TSE en el mismo sentido.

La ley de cuotas o de candidaturas femeninas en los procesos electores fue aprobada en el 2000. Así, el artículo 40 de la Ley de Elecciones establece esa participación en forma alternada y secuencial respetando el porcentaje de candidaturas femeninas, que este año corresponde al 40%.

Al dejar al libre albedrío de los partidos la ubicación de candidaturas, las organizaciones femeninas temen, como ha sucedido en otros procesos electorales, que ubiquen a las  mujeres en los últimos puestos o como suplentes.

Algunos partidos consultados defienden la resolución del TSE. “Cada partido es una institución autónoma, cada uno debe definir cómo ubica sus candidaturas”, señala Pascual del Cioppo, director nacional del Partido Social Cristiano (PSC).

Del Cioppo argumenta que  si los puestos en las listas van alternados hombre-mujer-hombre o al revés, mujer-hombre-mujer, algunos cuadros políticos que son fuertes en ciertas jurisdicciones no van a tener la misma oportunidad de ganar, más si se considera que en las próximas elecciones se eligen alcaldes, prefectos, consejeros,  concejales y juntas parroquiales.

“La alternabilidad del uno a uno a veces crea problemas porque no necesariamente los candidatos que tienen mejor favoritismo en un cantón es una mujer, puede que sean dos hombres o dos mujeres también, entonces de esa forma puede ser perjudicial para el uno o para el otro”, indica del Cioppo, quien insiste en que cada partido es el que debe valorar a su frente femenino.

La Democracia Popular (DP), asegura su director nacional, Juan Manuel Fuertes, siempre ha sido partidaria, en cuanto a la intervención femenina, de que no exista solo una norma moral para las organizaciones políticas, sino una disposición jurídica clara sobre la ubicación en las listas. “Por eso, independientemente de la resolución de dejar en libertad a los partidos, vamos a hacer todos los esfuerzos porque la secuencialidad en nuestras listas sea hombre-mujer o viceversa”, asevera Fuertes.

Para el director supremo del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el ex mandatario Abdalá Bucaram, “esta es una ley de género complicada y confusa, que en el futuro va a sufrir mucho más y terminará siendo derogada en función de los intereses de la misma mujer, quien al no existir reglamentos claros sobre la ubicación en las listas va a terminar siendo relegada a los puestos de suplencia”.

Los derechos tienen que ganárselos por igual hombres y mujeres, según Bucaram, quien añade que “trataremos de que en nuestras listas exista un proceso de alternabilidad de hombre-mujer de acuerdo al porcentaje exigido”.

La aplicación de las leyes no es discrecional, es obligación, sostiene la dirigenta alfarista y varias veces diputada, Cecilia Calderón de Castro, quien cuestiona la resolución del TSE. “Si siempre estamos reclamando por el orden y la seguridad jurídica, los primeros que deben cumplirlos son los partidos políticos y las autoridades electorales, y la ley habla de cumplir con un porcentaje de mujeres que deben ir en forma alternada y secuencial, aquí no hay interpretaciones, es la ley”, puntualiza.