En la economía pública cada vez que el Estado debe asumir el gasto por alguna cuota de la factura social –si es que la iniciativa que lo genere debidamente financiada, no ha partido del Ejecutivo– es inevitable que los análisis presupuestarios evidencien la dificultad financiera de satisfacer esa demanda social.

La razón deriva de los efectos perversos causados por la paradoja ecuatoriana del déficit fiscal perpetuo que, entre otras causas, resulta de la asimetría con que nuestras leyes atomizan los ingresos, mientras centralizan el gasto en el presupuesto gubernamental, convirtiéndolo en el agujero negro fiscal.

Al igual que sucede con la energía cósmica en el universo, pareciera que el agujero negro fiscal diluye toda la energía ecuatoriana representada en los ingresos públicos.

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En el trasfondo subyace la certeza de que el contexto político-económico del país, en los últimos lustros ha engendrado cinco cuellos de botella: carencia de política económica definida, inseguridad jurídica, corrupción, perpetuidad de la crisis fiscal y pauperización. Esto explica la falta de credibilidad en los poderes públicos y de inestabilidad institucional y política.

También existen falencias en la Constitución y legislación fiscal, además de carecer de definición de política tributaria; ser celosos guardianes del endeudamiento público temporalmente estabilizado mientras no se concreten cifras que permitan contabilizar la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social...

A eso se agrega el debilitamiento funcional del Ministerio de Finanzas, responsable de la gestión del gasto global. Este panorama requiere soluciones mediante una reforma estructural o reingeniería integral de la economía pública.

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Dr. Eugenio Jaramillo Vega
Quito