Esta versión la dio tras participar de una audiencia pública que se efectuó en el TC, el martes anterior, y en la que solicitó a los vocales de ese organismo desechar el amparo de Ecuador Bottling Company (Coca Cola).

La compañía pretende recuperar más de dos millones de dólares que pagó a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), en 1998, por concepto de salvaguardias.

“Se trata de un caso de moral pública porque se pretende causarle al Estado ecuatoriano un perjuicio por una decisión que estaba en su legítimo derecho de adoptar en su oportunidad”, sostuvo la funcionaria.

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Así, Mena explicó que el Ecuador, al fijar las salvaguardias, hizo uso del derecho previsto en los acuerdos de la subregión, que determinan que cuando existe una situación de grave crisis fiscal se pueden aplicar las mismas y “eso fue lo que hizo el país”, dijo.

Posteriormente, sostuvo, se suspendieron las salvaguardias en virtud de que el Tribunal Andino de Justicia estableció que ya no podía continuar su cobro.

Entre tanto, el procurador José María Borja coincidió con Mena y solicitó al pleno del TC desechar por improcedente, inconstitucional e ilegal el recurso de Coca Cola.

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Según Borja, no existe el supuesto pago indebido que argumenta la empresa, pues dicho pago fue inscrito en la contabilidad como un egreso de gasto, en consecuencia, se convierte en deducible del Impuesto a la Renta.

Para la defensa de la empresa, la decisión de cobrar valores por parte del Estado –como salvaguardia– vulneró sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la propiedad y al ejercicio de la libre empresa. Argumenta que se se violaron las normas comunitarias relacionadas con el arancel externo común.

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