Pescadores de Manta temen hablar sobre los supuestos ataques de EE.UU. a naves ecuatorianas.

El 29 de marzo del 2004, el barco pesquero Margyl Margarita fue detectado por un helicóptero de Estados Unidos en las coordenadas 00°58 latitud norte y 086°26 longitud oeste de las costas del Océano Pacífico –a las 21h45 hora local– con 149 personas a bordo (98 hombres, 38 mujeres y 13 niños).

El informe de abordaje, que presentó como prueba la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) ante la Cancillería ecuatoriana, firmado por el oficial Jeremy Rodríguez, de la fragata de EE.UU., USS Ruben James, menciona que la nave zarpó de Esmeraldas con destino a Guatemala. El documento señala la presunta actividad de la embarcación: migrantes. Descarta drogas y pesca.

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El reporte concluye que –de acuerdo con las investigaciones– “los migrantes pagaron entre 3.500 y 15.000 dólares para ser transportados de Ecuador a Guatemala”.

El oficial estadounidense sostiene, en el parte que dirige a sus superiores, que una vez que los pasajeros fueron evacuados y al percatarse de las condiciones no sanitarias de los compartimentos “el Margyl Margarita fue hundido”.

La embarcación está en la lista de las nueve supuestamente hundidas por fragatas norteamericanas en aguas territoriales, según  denuncias que efectuó la Aldhu.

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En un informe de la Dirección General de la Marina Mercante (Digmer) sobre ‘embarcaciones que transportaron emigrantes ilegales’, figura el Margyl Margarita, con matrícula P-00-082 y perteneciente a Félix Quinde Vera.

Añade que llevaba 170 personas y, en las novedades, se asegura que estaba “a 660 millas al noroeste de Ecuador. Buque se está hundiendo”.

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La lista nombra a otros cuatro barcos que la Aldhu dice que fueron hundidos: Don Ignacio, Challenger, Vania Maryela y Diego Armando. Según la Digmer, llevaban emigrantes (total 517) y fueron capturados entre el 2002 y el 2004.

El martes de la segunda semana de julio, en las playas de Los Esteros y de Tarqui (norte del puerto de Manta) 20 pescadores tenían temor de hablar con nombre propio sobre estos casos.

Los artesanos reciben al visitante con amabilidad, pero endurecen el rostro y se miran entre ellos cuando se les pregunta qué saben sobre los hundimientos.

“Mire amigo, aquí no sabemos nada de eso. Hemos escuchado que a varias personas les han hundido sus barcos pero nada más”, dice un pescador que oculta su rostro ante la cámara fotográfica.

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Pero cuando toman confianza especulan que los barcos fueron hundidos porque llevaban migrantes o drogas a bordo. El argumento de los artesanos es simple: como solo ha llovido en dos ocasiones en lo que va del año en Manta, la producción pesquera ha decaído por lo que “cualquier dinero hace bien”.

El dueño de un navío pesquero supuestamente hundido, que no quiere comprometer su identidad ni el nombre de la nave porque tiene  un crédito con una entidad bancaria, reconoce a este Diario que la alquiló por 80 mil dólares para llevar emigrantes. “Sabía que era para llevar gente a Guatemala, estoy consciente, es eso... la pesca está mala aquí y no me hacía ni para el combustible ni para pagar la letra del barco”. Así recuerda el hombre de 38 años, la noche del 1 de julio, mientras espera un bus interprovincial que lo lleve desde Manta hacia Quito para acudir, junto con otros pescadores, a una reunión en la Cancillería, que abrió una investigación sobre los hundimientos.

En los documentos que manejan los abogados Rafael Jaque (de la Aldhu) y José Durán Loor, defensor de los armadores, se menciona que siete de los nueve barcos fueron detenidos –desde el 2001 al 2004– porque llevaban pasajeros.

Durán indica que “no se han denunciado oficialmente los hundimientos por el temor que significa Estados Unidos y el gasto que tiene para los armadores”. Asegura que está recolectando información para sustentar el caso.

Ni en la Fiscalía de Manabí ni en la Capitanía del Puerto de Manta hay denuncias al respecto. Solo se registran testimonios juramentados de la tripulación de cuatro de las naves. (Ver recuadros).

En uno de los casos, el del Daiki Marú, el armador presentó la queja ante las cortes de Miami (EE.UU.).

El capitán de Puerto, Carlos Zumárraga, no quiere dar su versión a los medios de información porque asegura que los periodistas malinterpretan sus declaraciones. Aunque el 9 de febrero del 2003, el capitán de ese entonces, Marco Aguirre, confirmó el hundimiento de la nave Challenger por parte del USS Boone “porque estaba haciendo agua y era un peligro para la navegación”.

Integrantes de la pesquería industrial prefieren no pronunciarse, pero una fuente de la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec) dice que las denuncias no involucran a naves de pesca industrial.

Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, asegura que son barcos industriales los apresados. “Hay que diferenciar eso”, dice.