Acta de San Francisco de Quito

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Quito-Ecuador, con motivo del XV Consejo Presidencial Andino firmaron el Acta de Quito, el 12 de julio del 2004. A continuación algunas partes  del documento:

Instruimos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión que, con el apoyo de la Secretaría General, teniendo en cuenta la propuesta realizada por el presidente Lucio Gutiérrez, impulse un acuerdo estratégico multidimensional entre la Comunidad Andina, el Mercosur y Chile, partiendo de la base del Mecanismo de Diálogo y Concertación Política Comunidad Andina-Mercosur y Chile establecido en La Paz 2001, el cual se constituirá en un mecanismo de integración acorde con el desarrollo nacional de sus pueblos, cuyo seguimiento estará a cargo del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Instruimos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco de la Política Exterior Común, intensifique las coordinaciones para la concertación de posiciones comunes, particularmente en el proceso de reforma de las Naciones Unidas.

Encomendamos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que, con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, elabore una propuesta para la puesta en marcha de la Red Andina de Seguridad encargada de apoyar y asesorar al Comité Ejecutivo de la Política de Seguridad Externa Común en asuntos relacionados con la seguridad y el fomento de la confianza y que permita asimismo el intercambio de información sobre situaciones potencialmente conflictivas, la alerta temprana, la prevención de conflictos y la gestión de crisis.

Conscientes  de que el secuestro configura un delito que viola los más elementales derechos de la persona, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a la dignidad de la persona y a la vida, y a fin de que las legislaciones nacionales de los países andinos se adecuen a esta nueva realidad, atendiendo a las particularidades y problemas específicos de cada país, encargamos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el análisis del tema con miras a presentar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una propuesta de Resolución a fin de establecer en el ámbito regional y posteriormente a nivel de las Naciones Unidas, la calificación del secuestro como delito contra la humanidad, a los efectos de su persecución y castigo, cualesquiera sean los actores involucrados.

Instruimos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que, en consulta con las instituciones nacionales competentes, adopte un Plan Andino de Lucha Contra la Corrupción, a más tardar en mayo del 2005.

Encomendamos  al Comité Ejecutivo de la Política de Seguridad Externa Común Andina que presente a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores un Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra el Terrorismo, a más tardar en septiembre del presente año.

Encargamos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que diseñe alternativas para otorgar la mayor representación política posible a las Comisiones Nacionales de Drogas y robustecer su participación en el Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, con el propósito de brindar una mayor efectividad a su implementación.

Encomendamos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que promueva la creación o el fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Financiera en los Países Miembros, con el propósito de prevenir, combatir y erradicar las operaciones de lavado de activos, cualesquiera sea su origen, en la Comunidad Andina.

Instruimos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que, con el apoyo de la Secretaría General, elabore un Programa Andino de Cooperación y Apoyo a los Migrantes en desarrollo de la Decisión 548 “Mecanismo Andino de Cooperación en Materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios” y de los compromisos contemplados en la Declaración de Guadalajara de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Encomendamos  a los Ministros de Educación y responsables de políticas culturales de los Países Miembros que impulsen el desarrollo conjunto de un portal de redes educativas y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los sistemas escolares y de formación permanente, con el fin de avanzar en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.

Instruimos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que, en coordinación con el Parlamento Andino, las autoridades responsables de políticas culturales de los Países Miembros, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Convenio Andrés Bello, realice las gestiones orientadas a obtener los recursos para establecer el Centro Cultural Comunidad Andina-Mercosur y para institucionalizar la Semana Cultural Andina.

Instruimos  al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, impulsen las coordinaciones y los trabajos técnicos que nos conduzcan a la negociación de un Acuerdo de Asociación que incluya un tratado de libre comercio con la Unión Europea, a tiempo que se promueven acciones conjuntas para promover la renovación, ampliación y el eficaz aprovechamiento de las preferencias arancelarias concedidas a través del SGP-Droga.

Encomendamos  al Consejo Asesor de Ministros de Hacienda, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica que, con el concurso de las autoridades supervisoras y reguladoras del sector financiero, impulse la integración de los mercados financieros andinos para constituir en el mediano y largo plazo la conformación de un mercado financiero andino, definiendo su operatividad, que contribuya a mejorar la capacidad de ahorro e inversión, reducir las tasas de interés activas y facilitar el acceso al crédito de todos los agentes económicos en la subregión, especialmente de la micro, pequeña y mediana empresa.

Instruimos  asimismo al Consejo Asesor de Ministros de Hacienda, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica que elabore una propuesta para la creación de un mercado de capitales andino de títulos emitidos por el sector público y privado de nuestros países y de los organismos financieros andinos, e impulse la adopción del “Régimen Especial para Emisiones Regionales Andinas” elaborado por la Corporación Andina de Fomento.

Respaldamos  la iniciativa de creación del Fondo Humanitario Internacional emprendida por Venezuela, con el ánimo de que se pueda materializar una ayuda efectiva para determinados programas de desarrollo regionales.

Invitamos a las empresas de la subregión a adoptar el “Código Andino de Gobierno Corporativo” elaborado por la Corporación Andina de Fomento, para la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, instrumento de vital importancia para el desarrollo, competitividad y eficiencia del sector empresarial de nuestros países.

Respaldamos la creación del Instituto Andino de la Biodiversidad cuya sede principal estará en la ciudad de Quito. Dicho Instituto iniciará sus funciones una vez que el Gobierno del Ecuador y el Parlamento Andino hayan obtenido el financiamiento requerido, asegurando su sostenibilidad, y que sus estatutos hayan sido elaborados en coordinación con las autoridades competentes de los Países Miembros y del Sistema Andino de Integración, y en consulta con organismos de la sociedad civil.

Reiteramos  la importancia de la suscripción del Protocolo sobre Elecciones Directas del Parlamento Andino y congratulamos a los países miembros que le han dado cumplimiento. Igualmente exhortamos a los Congresos de los Países Miembros que aún no lo han ratificado a hacerlo en el más corto plazo posible, de modo que se realicen las elecciones directas y universales de los Representantes ante el Parlamento Andino en los procesos que estén próximos a ejecutarse.