El ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda, ratificó ayer que no existen “pruebas evidentes y hechos concretos” para que el Ecuador pueda reclamar a la comunidad internacional sobre el supuesto hundimiento de barcos pesqueros en aguas territoriales por parte de la Marina de Estados Unidos.

Zuquilanda ayer llegó al Congreso a las 11h20 y expuso su versión frente al reclamo que presentaron las organizaciones de Derechos Humanos sobre el hundimiento de seis barcos en aguas territoriales.

El funcionario instó a presentar pruebas fehacientes de las supuestas violaciones a la soberanía nacional e integridad territorial por el hundimiento de barcos.

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Luego de la exposición del Secretario de Estado, la crítica a la intervención de Zuquilanda se limitó a los bloques socialista, Pachakutik y emepedista; mientras que los socialcristianos, socialdemócratas y roldosistas, permanecieron en silencio.

En su discurso, Zuquilanda reveló que el lunes anterior recibió la versión oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre el caso, pero luego dijo que la documentación fue entregada al Consejo de Seguridad Nacional, que deberá calificar si los documentos pueden ser revelados o no a los diputados.

Indicó que se entregó la información de la Aldhu, de la Armada Nacional, los informes de la comisión especialísima que receptó las denuncias de los propietarios de los barcos, la información de las embajadas y consulados ecuatorianos asentados en la costa del Pacífico, sobre la operación de embarcaciones ecuatorianas.

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Además, dijo que ofició a la Superintendencia de Bancos para que se indique el eventual cobro de seguros por el supuesto hundimiento de las embarcaciones ecuatorianas.

Indicó que los diputados deben estar seguros de que “la Cancillería procederá con nitidez y en el momento preciso hará las reclamaciones a cualquier país que haya procedido ilegalmente”.

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Aseguró que, de ser necesario, la Cancillería estructurará una comisión de transparencia y verificación nacional, integrada por peritos y especialistas en derecho marítimo, que analizará y calificará cada uno de los documentos, para que los ecuatorianos puedan sustentar con pruebas sus demandas.

El canciller destacó que el problema tiene varios elementos como la navegación de barcos no adecuados para el transporte de personas, sin cumplir con las disposiciones legales y engañados por los llamados coyoteros; la eventual operación ilegal de embarcaciones que pudieran transportar drogas, contrabandear combustible y traficar con armas.