Las autoridades del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y el Gobierno han mentido, han sido negligentes frente al problema del alza de las pensiones a los jubilados.

Aseguraron que el incremento del 53%, según estudio actuarial, sería para marzo del 2004, luego dijeron que sería para junio; después, para septiembre; y, finalmente, que no se daría porque el país se iría a la ruina.

Por estas actitudes negativas derivadas de la deshonestidad y falta de humanismo de quienes administran la cosa pública, el país no va a la ruina ya que está en ruina por el latrocinio de la banca, el robo de las aduanas, los sueldos dorados, los asaltos a los fondos del IESS, una dañina dolarización, los viajes costosísimos de altos funcionarios civiles y militares, un descontrolado gasto público, falta de seguridad ciudadana...

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Tengo la impresión de que el alza de las pensiones jubilares va a quedar, como la impuso Solórzano, en el 8% en general, y que vivamente pagaron a través de organismo financieros, y en la tinterillada del 250% para los que ganan hasta $ 12; hay que olvidarse de ese legítimo 53%, y sobre los $ 135 los jubilados caímos en el juego vivaracho del Congreso y el Ejecutivo, lo que significa que nunca se dará.

Hay dos culpables de esta desgracia, el pueblo que no sabe elegir a sus gobernantes, y el Presidente de la República que no toma decisiones. Recuerdo un pensamiento de un periodista ecuatoriano: “La capacidad de un Ejecutivo se mide por la calidad de sus decisiones que deben ser inteligentes y oportunas”.

César Falconí Castillo
Guayaquil
El ecuatoriano, desde que tiene uso de razón, escucha que el país está en crisis, la cual, en lugar de disminuir, crece. ¿Qué hace el actual Gobierno y qué han hecho los anteriores a este para superar la grave situación? ¡Nada!

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Desgraciadamente no somos dirigidos por gente honesta, claro que debe haber excepciones, pero no se hacen notar.

Percibimos que la causa está en los intereses de una plutocracia insaciable, que a través de décadas ha enmarañado todo, especialmente el marco jurídico que debe estar vigente en la democracia.

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Pregúntese la ciudadanía: ¿por qué sigue vigente el sigilo bancario?, sencillamente para que no se sepan las inmensas fortunas amasadas por unos pocos, en deterioro de sus trabajadores.

¿Por qué desaparecen millones de dólares de Petroecuador, Pacifictel, las eléctricas?, además, estas entidades públicas y semipúblicas descaradamente utilizan tercerías a fin de no afrontar los reclamos laborales.

Ahora nos informamos del trato injusto que el Gobierno y los directivos del IESS dan a los viejitos que aportaron al Seguro. La ignorancia o falta de calidad humana primó; el Consejo Directivo del Seguro Social en estos días aprobó un aumento de $ 30 de promedio, cantidad que no mejora en nada la restringida vida de los jubilados.

Dicen que no hay plata, que la ley exige, para el aumento de pensiones, que haya un cálculo actuarial. ¿Por qué no tienen actualizado tal cálculo?, y si este ya está, ¿por qué verificar si en verdad permiten los cálculos el aumento? ¡Qué payasada! ¿Y los $ 2.300 millones que debe el Estado? ¿Y los $ 600 millones que están en el Banco Central sin ganar intereses?

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El Fondo Monetario Internacional sugirió que no se suban las pensiones; están en contra de un mejoramiento de las mismas el ex ministro de Economía, Pozo, y el actual, Yépez; también el Superintendente de Bancos. Y en medio de toda esta situación negativa está la inclinación gubernamental de seguir manoteando las aportaciones de los trabajadores del país.

Es decir, al Gobierno no le importa que aumente la deuda que tiene el Estado con el IESS. ¿Por qué demora el poder Legislativo en hacer las reformas indispensables en las leyes que con dedicatoria han puesto para perjudicar a los jubilados?

Ab. Enrique Ortega Vásconez
Guayaquil