Referendo y el gas dividen a Bolivia

El presidente Carlos Mesa pide en el referendo autorización para exportar gas pero no pregunta sobre la nacionalización de los hidrocarburos.
 
El referendo sobre hidrocarburos, que se realizará el próximo 18 de julio, es quizás la prueba más difícil de la democracia de Bolivia en 22 años, por las posibles consecuencias de la pugna entre quienes exigen la nacionalización de los recursos y los conservadores que prefieren su manejo por manos privadas.

Además, crece la incertidumbre y el temor si los resultados del referendo no contribuyen a aliviar la pobreza que afecta a siete de cada diez bolivianos.

El punto más álgido es que ninguna de las cinco preguntas habla de una nacionalización de los hidrocarburos, como exigen sindicatos, campesinos e indígenas.

“Si no ha sido por las buenas, vamos a exigir por la fuerza la  nacionalización” de los hidrocarburos, afirmó Roberto de la Cruz, dirigente de la Central Obrera de El Alto y  líder de la revuelta popular que en octubre del 2003 dejó 70 muertos y derrocó al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, por su decisión de exportar gas en condiciones supuestamente desventajosas para el país.

El actual presidente, Carlos Mesa, rechaza toda posibilidad de nacionalizar, y por ende expropiar, las concesiones de las petroleras extranjeras, que en los últimos siete años han invertido 3.500 millones de dólares.

El cacique aimara Felipe Quispe ordenó boicotear la consulta, llamó a las bases indígenas al “desacato  civil” y a “resistir” el referendo con marchas y cierre de vías.

El ex senador populista Andrés Soliz estima que “como no se ha hecho la  pregunta esencial que esperaba el país sobre la nacionalización (del gas), lo  que va a pasar es que se va es arrastrar los conflictos previos al referendo y va a tender a agravarse”.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,  Roberto Mustafá, se opone a que el Mandatario pida permiso para exportar gas  “porque esa es una necesidad impostergable”, dada la carestía de las arcas públicas.

Más radical, el líder de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Svonko  Matkovic, a favor de la liberalización de la economía y abiertamente contrario  a los movimientos sociales indígenas, asegura que la “agenda de octubre”,  establecida por la rebelión popular, “no es la agenda de Bolivia”.

En medio de estas posiciones antagónicas el ministro de la Presidencia, José Galindo, afirmó “Tenemos que encontrar un nuevo contrato social que nos permita mantener a Bolivia unida y con una esperanza”.