Los delegados de 31 estados miembros de la Convención Interamericana contra la Corrupción reiteraron ayer en esta capital el compromiso de sus gobiernos de negar asilo a los corruptos, facilitar su extradición y abolir el secreto bancario.

Luego de dos días de discusión, los delegados aprobaron un   plan de acción de 25 puntos contra la corrupción y ratificaron un mandato de la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey.

La Declaración de Managua señala que los estados se comprometen a   combatir la corrupción y la impunidad que socavan la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia.

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Hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a las instituciones financieras para que apoyen a los estados comprometidos en combatirla. Demanda que las autoridades nacionales colaboren mutuamente para la captura, detención preventiva y extradición, así como la investigación y proceso de los responsables de actos corruptos.