Comisión legislativa dejó listo el borrador del informe para debatir reformas de hidrocarburos.

La Comisión de lo Económico del Congreso concluyó ayer el borrador del informe de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, que buscan asociar a la estatal Petroecuador con firmas privadas para explotar sus campos en producción.

Seis de los siete miembros de la Comisión (el ausente fue Jorge Sánchez de la ID) coincidieron en dividir el porcentaje de participación de las regalías, tal como sugirió la Procuraduría.

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Así, en lugar del 35% mínimo (incluido regalías), habrá un rubro de 22,5% que será el piso de participación. A ese porcentaje deberá sumarse el pago de regalías según consta en la Legislación: 12,5% cuando la producción es 30.000 barriles diarios; 14,5% entre 30.001 y 60.000 barriles, y 18,5% cuando la producción supere los 60.001 barriles diarios.

El 22,5% de beneficio para el Estado no bajará de esa cifra, aun cuando el precio de referencia (del barril de crudo, que se fije en los contratos) sea menor o inferior a los últimos diez años. La Comisión estimó 18 dólares.

De igual manera –precisaron los legisladores– la participación del Estado, además de atarse al precio del barril de crudo se incrementará conforme aumente la producción petrolera, es decir, a mayor extracción mayor participación.

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No hubo acuerdo en incluir o no, en la ley, una tabla que permita subir un punto porcentual en el beneficio del Estado, conforme crezca la producción. El tema se volverá a tratar el martes.

En cuanto a la entidad que definirá la curva base (proyección de la producción petrolera en el campo), la Comisión determinó que sea Petroecuador junto con una firma internacional de prestigio, y no la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) como sugirió el Ejecutivo.

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Sin embargo, la comisión no descartó la participación de la DNH y consideró que ese organismo de control –que deberá reestructurarse– avalará el informe de la estatal.

Los convenios de asociación para explotación de los campos en producción de Petroecuador –que se crearán si el pleno aprueba las reformas– estarán vigentes por diez años prorrogables por hasta cinco más si la contratista cumple con su Plan de Desarrollo.

Se eliminó la posibilidad de que opere por 20 años, como fue la propuesta del Gobierno.

Las observaciones que constan en un borrador se difundirán a cada uno de los bloques legislativos que deberán analizarlos hasta el martes de la próxima semana, día en que la Comisión volverá a reunirse para redactar el informe definitivo.

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