El enfoque integral y estratégico de la seguridad ciudadana debe ubicarse en el nivel gobierno, para obtener una respuesta legal, eficaz y permanente, que traducida en una política pública dé respuesta a la urgente demanda social de protección de los derechos ciudadanos, en un ambiente de libertad, justicia y sana convivencia.

Las diversas iniciativas locales buscan resultados inmediatos para reducir la incidencia criminal, la magnitud del delito y la violencia, bajo una creciente presión social, que ha inducido a recurrir, como en Guayaquil, a un empleo integrado de la fuerza pública sin un respaldo legal que ampare el empleo conjunto, sin discriminación de competencias, ni de tiempo, ni de espacio, con lo cual se afecta la institucionalidad, y se pone en riesgo la integridad del personal militar que cumple tareas policiales sin amparo jurídico, el mismo que no puede lograrse ni siquiera en estado de emergencia.

El insoslayable equipamiento, uso de tecnología, zonificación, detección y reacción inmediata, de William J. Bratton, deben complementarse con su otra recomendación, no menos importante, relacionada con el reforzamiento de los sistemas y técnicas de organización que “reemplacen la cultura de la impunidad, por una justicia rápida, segura y efectiva”, verificable con la disposición de un observatorio imparcial, de base científica que con exactitud y oportunidad permita evaluar la situación y rediseñar medidas y acciones para reducir la inseguridad.

En Quito, según el Observatorio Metropolitano, sin embargo de haberse reducido el robo a domicilios en el 21% y el robo de vehículos en el 17%, se ha incrementado en 62% la extorsión y en 73% el asalto a bancos, habiendo sido detenidos como autores de extorsión el 3% y de asaltos a bancos el 14%; lo cual indica la baja magnitud de las denuncias, la insuficiente investigación y efectividad de la Policía y la justicia, mientras la delincuencia incrementa su movilidad y refinamiento, como se ha evidenciado en los últimos días con el aparecimiento del sicariato, narcotráfico y secuestro, ejecutados por bandas pertenecientes al delito y crimen organizado transnacional, algunas de las cuales han sido hábilmente desmanteladas por la Policía Nacional.

El énfasis en combatir al crimen no debe restar importancia al enfoque integral preventivo y proactivo de Wilson y Kelling, autores del Broken windows, que inspiró el Plan de Bratton. Principios mediante los cuales se trata de recuperar el espacio público, mejorar la calidad de vida, desterrar la corrupción e incrementar la inversión social, que en la década del noventa fue un factor determinante para el éxito del alcalde Rudolph Giuliani en Nueva York.

Este enfoque multidimensional impone integrar al Gobierno nacional, al gobierno seccional, al sector privado, a las instituciones y a la sociedad organizada, en cooperación de esfuerzos pero con respeto a la especificidad de sus funciones.

La sociedad comparte las bases conceptuales de la seguridad ciudadana y reconoce plenamente el proceso democrático y participativo para las decisiones gubernamentales. A los poderes públicos por su parte les corresponde garantizar la seguridad de los ciudadanos dentro del ordenamiento jurídico y con una responsabilidad compartida contemplada en una política pública de seguridad ciudadana.