Consumidores y empresarios advierten de posibles efectos de la medida tributaria.

Aunque el ministro de Economía, Mauricio Yépez, asegura que el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, que plantea el Gobierno para financiar el alza de las pensiones jubilares, no se traduciría en un aumento de la inflación, analistas y empresarios advierten que el mayor efecto podría sentirse por causa de la especulación.

Esa reforma, que deberá ser aprobada o negada por el Congreso, equivale a un ingreso adicional de 150 millones de dólares al fisco, según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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El ex director del Instituto de Estadística y Censos (Inec), Germán Rojas, considera que el aumento de un punto en el IVA “encarecerá, de manera casi imperceptible, a la mayoría de los (197) productos y servicios que contiene la canasta familiar básica”.

“El problema real es el impacto psicológico y especulativo, aunque no creo que haya una escalada de precios”, indicó.

El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Roberto Peña Durini, teme que bajen las ventas. La ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, está alineada con el sector privado: en caso de que se concrete una elevación del IVA, estudiará “formas de compensación”; por ejemplo, dice, la reducción del Impuesto a la Renta.

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María José Troya, representante de la Tribuna de Defensa del Consumidor, deja el tema en manos del mercado. “Las decisiones de los consumidores (de no adquirir uno u otro producto o servicio) serán determinantes”, señala.

El Frente Popular, por su lado, prepara movilizaciones y los jubilados realizarán una marcha nacional en Quito.

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La modificación del IVA no solo afecta a los consumidores, sino a la percepción de la economía del propio Gobierno ante los organismos multilaterales que son los que proporcionan préstamos para el país.

Combustibles
La posibilidad de que un incremento de este impuesto, del 12% al 13%, tenga un efecto sobre el precio de los combustibles dependerá de la modificación del decreto ejecutivo 557.

Dicho decreto, publicado en el Registro Oficial a inicios del año anterior, congeló el precio de los combustibles en terminal, con un impuesto del 12%.

El Gobierno adoptó este mecanismo para reducir los costos de las planillas eléctricas; las empresas de generación térmica, que en temporada de sequía abastecen al 60% del consumo nacional de electricidad, utilizan diésel.

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Actualmente, el costo de cada galón de gasolina (súper y extra), diésel, jet fuel, fuel que se adquiere a las distribuidoras (gasolineras) ya incluye el IVA. En la factura, se desglosa el precio y el impuesto.

La distribuidora, que vende ese combustible, también pagó el impuesto a las comercializadoras (Texaco, Móbil y otras), quienes a su vez cancelaron el impuesto a Petroecuador.