La remediación ambiental en el Oriente ecuatoriano está sujeta, ahora, a dos querellas legales: una demanda interpuesta por las comunidades amazónicas en contra de la petrolera multinacional Texaco y otra presentada por Texaco en contra de la estatal Petroecuador.

Los dos procesos son distintos, explicó Rodrigo Pérez, abogado de la petrolera Texaco Petroleum Company, empresa que operó en el país desde 1965 junto con la estatal Petroecuador –en ese entonces CEPE–.

La demanda de arbitraje ante el Foro Americano de Arbitraje de los Estados Unidos se contempla en el convenio que firmaron el Estado y la multinacional –según Pérez– y consiste en que el Tribunal revise el contrato que se firmó entre las dos petroleras, de modo que establezca quién cumplió o no con el contrato y por ende con la remediación ambiental. Durante la semana pasada, la Procuraduría del Estado fue notificada con esta demanda.

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La disputa que enfrenta la Texaco –por parte de las comunidades amazónicas– consiste en cancelar indemnizaciones a las comunidades afectadas, como consecuencia de daños ecológicos.