La transnacional petrolera inició una demanda para que Petroecuador remedie los daños ambientales.

El Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, fue notificado con la demanda de arbitraje (negociación o acuerdo mutuo) que planteó la petrolera Chevron Texaco Corporation y Texaco Petroleum Company, ante el Foro Americano de Arbitraje de los Estados Unidos, denominada Triple A.

La notificación llegó la semana pasada. El procurador y abogado del Estado, José María Borja, analiza el texto y prepara la posición que mantendrá el país frente a la demanda.

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La vocera de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, dijo que el país debe rechazar esa acción porque no tiene sustento legal. “A ese tipo de foros acuden empresas particulares y no estados soberanos. Sería absurdo que Ecuador acepte el arbitraje, porque implicaría renunciar a los derechos soberanos“, precisó.

Según Martínez, el arbitraje pedido por la Texaco tiene dos puntos que deben considerarse. Primero, la demanda se sustenta en un convenio que firmó la Gulf con Texaco en 1965 y que determina la solución de conflictos entre dos empresas privadas, a través de un tribunal internacional, que en este caso sería  Triple A, en donde nada tiene que ver el país.

Segundo, los razonamientos de la Texaco, en el sentido de que ya cumplió con las acciones de remediación, aún no han sido comprobados. “Hay que esperar los resultados del juicio que se sustancia en Ecuador. Texaco no puede adelantarse a decir algo que esta para resolución en un proceso legal”, insistió.

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Asumir costos

La demanda de Texaco pretende que el país asuma los costos económicos de la remediación ambiental generados en la exploración y explotación petrolera, cuando existía el consorcio Texaco-CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana), hoy Petroecuador.

Para Martínez, el pedido de arbitraje constituye la respuesta de la Texaco y Chevron frente a la demanda que iniciaron las comunidades indígenas de la región amazónica ecuatoriana.

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Las poblaciones resultaron afectadas por  daños ambientales causados por la actividad petrolera; por ello piden una indemnización de 1.000 millones de dólares.

Texaco operó en Ecuador desde 1966 hasta 1986. En ese lapso abrió 661 piscinas para depositar lodo, crudo y agua.
Hace más de diez años las comunidades orientales iniciaron un juicio a la empresa para que cerrara las piscinas e iniciara la remediación de la tierra.

PETROLERA

FAVORITISMO
Según Esperanza Martínez, el camino del arbitraje favorece siempre a las empresas. De aceptarse la demanda, el Estado perderá dos veces.

COSTO
El costo de una hora de arbitraje sobrepasa los 500 dólares.

INMUNIDAD
Según Acción Ecológica, llama la atención que Texaco pida la intervención del foro de los EE.UU. cuando diez años atrás argumentó que no se puede enjuiciar a empresas nacionales que tienen inmunidad en las cortes norteamericanas.

JUICIO A ESTADO
La entidad señala que Texaco considera que ahora sí es conveniente enjuiciar a un Estado en las cortes de su país.