El trámite de un amparo constitucional que busca la devolución de más de dos millones de dólares que la compañía Ecuador Bottling Company Corp. (Coca-Cola) pagó a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) en 1998, generó un enfrentamiento verbal entre los vocales del Tribunal Constitucional (TC) el 24 de junio pasado.

El problema se inició por el informe favorable a la devolución de los recursos que reclama Coca-Cola, que emitió la Segunda Sala del organismo, aunque anteriormente el pleno del TC negó esa posibilidad.

Según el presidente del Tribunal, Oswaldo Cevallos (PSC), los desacuerdos se producen porque en el TC “si hay cinco votos o más a favor de una resolución, esa tesis gana. A veces esa parte resulta difícil de entender porque no somos tan democráticos, pero acá las cosas se resuelven así”.

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El caso pasó al pleno, en virtud del informe de minoría que presentó Cevallos, en el que recomienda la entrega de los recursos, pero sin los intereses generados por el paso del tiempo. Mientras, los otros dos vocales, Mauro Terán (Pachakutik) y Luis Rojas (PSC), se pronunciaron a favor de la devolución con los respectivos intereses.

Luego de un cruce de insultos en esa sesión, el vocal Luis Herrería (ID) protestó por el intento de favorecer a la empresa, actitud que fue respaldada por el magistrado René de la Torre (DP).

Preocupación

La preocupación también se fundamentó en el hecho de que el TC maneja amparos que, en conjunto, buscan la devolución de alrededor de 100 millones de dólares a empresas que plantearon ese recurso por concepto de salvaguardias.

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Ese fue el temor del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), que aproximadamente hace cuatro meses se reunieron con las autoridades del TC para alertarlos del eventual perjuicio al Estado, en el caso que se concedan esos amparos.

Según Cevallos, la actitud de los últimos dos años del TC ha sido negar estos recursos justamente para impedir un eventual perjuicio al fisco, aunque en el pleno se manejan dos posturas.

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La primera, respaldada por cinco magistrados que opinan que no hay lugar a la devolución de las salvaguardias, considerando que el bien común está sobre el individual. Los otros cuatro vocales, entre los que se incluye Cevallos, están de acuerdo en que si se cobró indebidamente, las empresas pueden reclamar al Estado.

En el amparo de la Compañía Ecuador Bottling Company Corp., el pleno del TC resolverá el caso en esta semana. Mañana se realizará una audiencia pública.