El enfrentamiento entre la realidad cotidiana y los razonamientos técnicos de la macroeconomía han tenido en esta ocasión un tinte conmovedor. Los jubilados le dieron otra cara a un problema que nunca ha dejado de estar presente porque así lo han determinado los intereses encontrados. Como no podía ser de otra manera, los diputados reaccionaron con la emoción, votaron unánimemente como nunca lo habían hecho y, muy responsablemente, recomendaron al Ejecutivo que desarrolle la imaginación para ver de dónde obtiene el dinero necesario. Incluso alguno de ellos aseguró que la acción legislativa fue inconstitucional, pero ese detalle menor se justifica porque no se puede oponer a una resolución de ese tipo cuando están instaladas las cámaras de televisión y a la vuelta de la esquina se vienen las elecciones.

Lo cierto es que, por ese mecanismo de vasos comunicantes que es la economía, la unánime decisión provocará un remezón cuyas consecuencias son por el momento incalculables. Allí está en juego, en términos inmediatos, la disponibilidad de recursos estatales para cubrir el ahora famoso 40%. En el mediano plazo –que en este caso no será mayor a cinco años– se pone en entredicho la viabilidad del propio sistema de seguridad social. Cabe recordar que, al negar la posibilidad de funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones, el anterior Congreso estrechó la puerta para la inversión de los recursos de los afiliados al IESS y además los dejó en manos de tres personas nombradas a dedo por intereses políticos del momento. Que cientos de millones de dólares duerman en las bóvedas del Banco Central, sin recibir un centavo de interés es consecuencia de esa ley surgida del forcejeo de intereses corporativos. Del largo plazo es mejor no preocuparse, porque en estas condiciones simplemente no existirá.

Sería injusto decir, desde esta perspectiva, que el problema se origina únicamente en la votación de los integrantes del Congreso o en el silencio gubernamental que ha acompañado a la protesta de los jubilados.

Igualmente infundado sería señalar, como causa aislada, la ausencia de un rubro para el alza de pensiones en el presupuesto del Estado. Esos y otros problemas de igual o mayor peso tienen raíces más profundas. El origen está en la imposibilidad que ha tenido el país para redefinir su economía, para adecuarla a las condiciones del mundo contemporáneo. Se ha aferrado a un modelo económico asentado sobre los recursos naturales –cuyo precio en el mercado internacional no controla–, en el que el Estado es el gran repartidor y pagador de primera y última instancia. La seguridad social es apenas una parte de ese esquema obsoleto, por ello no sirve para dar atención a sus afiliados ni para reconocer materialmente la dignidad de los retirados. Menos aún puede servir, como sucede en otros países, como motor de la economía. Los jubilados han puesto la cara dramática de una sociedad que reza a Wall Street por los precios del petróleo y a la Virgen del Quinche para que mantenga la memoria familiar del emigrante.