La Fiscalía inició una indagación previa para determinar la existencia o no de presuntas irregularidades en el viaje que efectuó un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas a Galápagos utilizando recursos del Estado.

En el viaje, que se realizó del 8 al 10 de abril pasado, participaron el comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero; el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA, Octavio Romero; el ministro de Defensa, Nelson Herrera; un grupo de edecanes y familiares, según el caso.

La indagación se inició por disposición del fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, con base en la información que remitió la Comisión de Fiscalización del Congreso. En su informe, el organismo parlamentario determinó que el viaje no tuvo carácter oficial y no se cumplió una agenda de trabajo predeterminada.

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Alvear dispuso la realización de varias diligencias reservadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal.

En este mismo tema, la Contraloría inició un examen especial, a mediados de junio, para determinar presuntas irregularidades.

El Contralor ordenó la acción una vez que la Dirección de Auditoría 3 del organismo finalizó la verificación preliminar, cuyos resultados recomendaron la realización una acción de control más avanzada.