El canciller Patricio Zuquilanda señaló ayer que esperará recibir las denuncias formales de las supuestas intervenciones de marinos estadounidenses a barcos ecuatorianos en mar territorial y comprobar los datos para, luego, determinar si es necesario hacer un reclamo al gobierno de ese país por irrespetar la soberanía nacional.

“No podemos reclamar mientras no tengamos pruebas sólidas”, destacó el ministro, tras expresar que todavía no ha recibido ninguna respuesta oficial de la embajadora de Estados Unidos en el Ecuador, Kristie Kenney, con quien tenía previsto ayer en la tarde una reunión.

Ayer, al mediodía, el secretario de Estado tuvo un encuentro con los dueños de tres barcos, supuestamente violentados por guardacostas norteamericanos mientras realizaban actividades de pesca: Carlos Llorente, armador del Daiki Marú; Jorge Tovar, dueño del Éxito; y Manuel Santana, propietario del Santa María.

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Al término del diálogo, indicaron que la Cancillería les ofreció ayuda en los reclamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de Llorente, cuya demanda ya fue acogida por las autoridades judiciales de Miami (EE.UU.), el servicio exterior ofrecerá apoyo legal al demandante “para que la sentencia sea a su favor”, declaró Zuquilanda.

Las pruebas que entregó, el jueves pasado, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu); los testimonios de los pescadores; la información de la Fuerza Naval y la Embajada de EE.UU.; y los datos que recopile la comisión especial de la Cancillería tras reunirse con los pescadores en Manta y Esmeraldas, serán analizados por un grupo presidido por el vicecanciller, Edwin Jhonson.

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“Cuando tengamos un documento con pruebas sustentadas cumpliremos nuestro deber constitucional”, dijo Zuquilanda.