“Hay que ser generosos”, sentenció el Dr. Proaño Maya durante un intercambio de criterios que tuvo con este columnista en ‘Contacto Directo’, bajo la moderación de Carlos Vera, en relación al proyecto de ley de alza en las pensiones jubilares del IESS, que dicho legislador patrocinó y el Congreso aprobó sin un solo voto en contra.

Generosos los diputados sí, pero con plata ajena. El Congreso, suelto de huesos, sin mayor discusión, y sin contar con un estudio del impacto financiero de la medida, decide que el IESS suba las pensiones de los jubilados a un salario mínimo unificado mensual, lo que para este año da $ 135 y centavos. Con lo que el jubilado pasa a recibir más que el trabajador que gana un salario unificado, quien recibe el sueldo con descuentos.

El dinero del que está disponiendo el Congreso es en el 60% el ganado con el sudor de la frente de empleados y trabajadores, hoy en sus 30, 40 o 50 años, que abrigan la expectativa de un día poderse retirar con una renta digna. Expectativas hasta este martes excelentes, ya que hoy hay las condiciones para ello; se le retiene una porción muy alta de su renta; del sueldo que el patrono paga a un empleado, le entrega el equivalente a 9½ meses, y los otros 2½ meses al IESS. Este dinero es en dólares, y por lo tanto el Seguro no puede devaluarlo. El IESS a su vez, ha pasado por una etapa de reducción de su excesivo personal administrativo, y consume menos. A su vez el dinero de los aportes los invierte entre otras cosas, en bonos del Estado, que devengan interés del 11%. El Estado nunca ha incurrido en mora en sus bonos de mercado interno. En suma, fuerte ahorro, alto interés, inversión segura sin peligro de devaluación.

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Excelentes expectativas, hasta el martes. Hoy, con el desvío del producto de sus aportes que hace el Congreso, quienes aportan al IESS ven afectada su seguridad, por la angustia de si habrá dinero para su jubilación, cuando llegue el momento. Al Congreso no parece haberle inmutado, el haber enturbiado tan irresponsablemente el porvenir de los cientos de miles de familias que dependen de un aportante al IESS.

Se entiende eso sí, que el Congreso se haya sentido corresponsable por el daño causado a quienes hoy son jubilados, y los haya querido indemnizar. Porque ha sido el Congreso quien en los últimos 25 años, decidió que las alzas en remuneraciones se entreguen a través de compensaciones, para reducir el monto de los aportes al IESS; que fue negligente en la fiscalización del IESS, permitiendo que el dinero de los afiliados se gaste en piponazgos y excesivas prebendas para sus empleados administrativos; que se despreocupó de las deficientes disposiciones legales aplicables a las inversiones del IESS, a quien nunca se lo dotó de las herramientas necesarias para invertir ágilmente y con los mejores resultados el dinero de los afiliados; y quien aprobó presupuestos del Estado desfinanciados, que provocaron la crisis fiscal y bancaria de 1998 y 1999, consecuencia de la cual se pulverizaron las pensiones jubilares en sucres.

Desde la dolarización, el IESS ha venido mejorando las pensiones jubilares, paso a paso y según las disponibilidades, sin poner en riesgo los derechos de los afiliados aportantes. La pensión mínima en el alba de la dolarización era de $ 4; a principios de este año, estaba en $ 12, y en junio, se la elevó a $ 42, con efecto retroactivo a principios de año, con lo cual los jubilados podían cobrar $ 180 en dicho mes, adicional a la pensión mensual correspondiente. Con esa decisión, el Consejo Directivo estiró al máximo las posibilidades reales de entregar pensiones a los jubilados, cuyos aportes fueron mal gastados y mal administrados por las administraciones anteriores.

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El proyecto que aprobó el Congreso es ilegal, por cuanto causa un gasto fiscal, y no provee financiamiento. El 40% de las pensiones del IESS corren por cuenta del Presupuesto del Estado; con esta medida, se estarían creando $ 80 millones adicionales de gasto, cuando el Presupuesto ya tiene un déficit causado por el aumento de egresos que introdujo el Congreso, y el que pretendió ocultar fingiendo que no existían ciertas partidas de pago de la deuda.

Según el proyecto de Ley, el financiamiento del alza de pensiones proviene de los valores que el Fisco le adeuda al IESS por no haberle entregado el 40% del valor de las pensiones, en años anteriores.

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¿Acaso ha estimado el Congreso si lo que le debe el Gobierno al IESS es suficiente para cubrir el déficit actuarial, esto es, el dinero que requiere el IESS para cubrir sus futuros compromisos de pensiones? Y si lo cubría, antes, ¿acaso no acaba el Congreso de ampliar enormemente el déficit, aumentando desmedidamente las pensiones? ¿Ha calculado acaso el Congreso el impacto a largo plazo de la medida que adoptó, y su efecto sobre las finanzas públicas?

El Dr. Proaño Maya dice que se puede tomar el dinero del Feirep; el hecho es que ya se toma dineros del Feirep para cubrir el déficit fiscal arriba mencionado. Es pésima política económica causar gastos permanentes, como se trata de un alza en la pensión de jubilación, cuando cada día van a haber más jubilados, y pretender cubrirlos con fondos que pueden o no estar, ya que dependen del petróleo cuya cotización fluctúa ampliamente en los mercados internacionales; y que es un bien, además, no renovable, esto es, que en pocos años su producción comenzará a caer.

Recordemos, además, que el Congreso negó el proyecto de Ley que permitía atraer inversión privada en los campos productivos, los mismos que cada día producen menos, dejando atrapadas bajo tierra reservas que bien nos hacen falta.
En síntesis, el Congreso busca ser generoso con los jubilados, que pasan angustias económicas y quienes merecen atención de las autoridades, arrebatando plata a sus legítimos propietarios, los empleados y trabajadores del país. Con ello da una solución de corto plazo; de manera inmediata, milagrosa, mejora la situación económica de los jubilados, y es aplaudido a rabiar. Pero a un alto precio: el riesgo de quebrar al IESS, y con eso perjudicar a los jubilados del futuro; y de quebrar al Estado, lo que pudiera llevar a la necesidad de abandonar la dolarización, porque solo se podría hacer frente a tanto gasto impagable licuándolo, mediante una devaluación. Medida que empobrecería a millones de ecuatorianos.

Pan para hoy, hambre para mañana, parece ser el lema de la mayoría legislativa del martes; y hace sentido, porque mañana, cuando estalle la crisis, ya habrá un Congreso distinto, y no habrá a quién pedirle cuentas.

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