Diputado Carlos Vallejo dice que Canciller debe comparecer al Congreso para hablar del tema.

Ante el reiterado pedido del ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda, de que le entreguen pruebas sobre el supuesto hundimiento de embarcaciones ecuatorianas por la marina estadounidense en mar territorial, hoy acudirá a su despacho, a las 12h30, el capitán Carlos Llorente, armador del Daiki Marú, uno de los navíos intervenidos.

Llorente, quien ayer se encontraba en Guayaquil, dijo que llevará los documentos de las 27 denuncias que realizó (a la Armada Nacional, al Congreso, al Ministerio de Relaciones Exteriores) de los tres abordajes que sufrió por los marinos extranjeros.

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Entre las pruebas afirmó que tiene certificaciones de la Marina, de la inspección judicial que realizaron cuando el barco fue destrozado, la bitácora sellada y firmada por la comandancia del puerto de Manta. “Solo me referiré a mi caso” aseveró Llorente, al tiempo de destacar que sabe de otros 16 barcos hundidos, bajo las mismas condiciones que el suyo, pero no tiene pruebas.

La entrevista de Llorente con el Canciller fue pactada por Juan de Dios Parra, representante de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) y abogado de Llorente.

Para dar las pruebas al Canciller, Parra estuvo ayer acompañado de Gustavo Larrea, director regional de la Aldhu. Ambos permanecieron una hora con el Ministro, desde las 10h00 hasta las 11h00. Al terminó de la reunión, Larrea aseveró que le proporcionaron las pruebas recogidas de los ocho barcos que señalaron en su denuncia pública: Daiki Marú, Éxito, Santa María, Varía Mariela, Margyl Margarita, Challenger, Don Ignacio y Diego Armando.

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Las pruebas se dividen en documentos oficiales de las denuncias y testimonios por escrito. “Al ministro y al Estado ecuatoriano le corresponde investigar sobre lo que hoy le hemos dado”, destacó Larrea.

Con el afán de recopilar información sobre la denuncia  efectuada por la Aldhu, el pasado 16 de junio, hoy una comisión de la Cancillería encabezada por Diego Stacey, subsecretario de Soberanía Nacional y Desarrollo Fronterizo, se instala en la capitanía del puerto de Manta y mañana en la de Esmeraldas.

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De esa manera se espera receptar directamente la información y evidencias de propietarios de embarcaciones y pescadores.

Mientras tanto, la Armada, según voceros de esta institución, trabaja en la confirmación de la existencia y situación legal de los ocho barcos que constan en los documentos dados por los derechos humanos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, Carlos Vallejo (Prian), afirmó, ayer, que “si revisados los documentos y visto el contrato de la Base de Manta amerita pedir rectificaciones lo haremos sin ningún problema”.

Vallejo hizo estas precisiones luego de haber recibido la documentación de la Aldhu, a las 12h00.

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El diputado manifestó que la Comisión podría sugerir la revisión del Convenio de Manta, en caso de que se compruebe que este ha sido irrespetado por los militares estadounidenses. 

Por las pruebas recibidas, Vallejo aseguró que es necesaria la comparecencia del canciller Patricio Zuquilanda en el Congreso Nacional, “para que explique detalladamente sobre esta situación”. El legislador insistió en que la próxima semana se reunirán también con los pescadores y con los dueños de las embarcaciones afectadas.

REPORTES

Interdicciones marítimas
Según la página web del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos
 (www.uscg.mil), desde 1998 hasta el 2004, se han interceptado 376 barcos con migrantes ecuatorianos. De 1982 a 1992, no se registra ningún reporte.

Migrantes
Estados Unidos ha realizado interdicciones de barcos con migrantes procedentes de 62 países, entre ellos algunos de Latinoamérica como Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, México, Guatemala, Honduras.

En el Ecuador
El Convenio de uso de la Base de Manta por los militares estadounidenses, determina en el Art. III que las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano son de exclusiva responsabilidad de la República del Ecuador.

Permiso
La interdicción marítima procede en las aguas territoriales ecuatorianas siempre y cuando exista un acuerdo, el cual requiere la aprobación por el Congreso Nacional, previo un informe del Tribunal Constitucional, según lo establece la Constitución de la República.