A la sombra de la ley, el discurso de la transparencia informativa, los hechos se van rodeando de ambigüedades. Los tres poderes del Estado y sus acólitos (sean estos la fiscal general Mariana Yépez o el Contralor encargado/permanente) solo responden a la presión de la denuncia. Y lo hacen ocultando la mitad del cuerpo. Susurrando justificaciones.

Por ejemplo, el destino de los fondos de los afiliados al Seguro Social ha sido materia de negociaciones entre secretas y oscuras, con medias verdades, para, finalmente, perderse el destino final de los ahorros del IESS, tras la protesta de los jubilados. No vamos a saber cuánto se invirtió finalmente en préstamos al Gobierno.

Tampoco llegaremos a conocer más razones sobre el TLC que las tautologías de la ministra Baki, ni cuánto nos costó ese pueblerino baño de “glamour”, el concurso de Miss Universo.

Existe únicamente la declaración del Ministerio de Turismo pidiendo que se le devuelva todo su presupuesto para promoción turística que el ministro Mauricio Pozo dedicó al pago de la franquicia.

Tal vez nunca sepamos más sobre lo que ocurre con los listados de deudores de la AGD, luego de que Mauricio Pozo, antes de despedirse, la dejó desmantelada. En mi ingenuidad, pensaba preguntarse a Pozo cada cierto tiempo cómo marchaba esa arca bien cuidada por los acreedores, pero se fue de pronto... como se suelen ir todos los ministros de Economía, sin beneficio de inventario.

Mientras tanto, ¿sabremos algún día qué méritos se encontraron en los coroneles ascendidos a generales? No. La hoja de vida de los oficiales es secreto de Estado.

El ministro Zuquilanda y el Comandante de la Marina no tienen interés en averiguar ni aclarar nada sobre el misterio de los barcos pesqueros supuestamente torpedeados por la marina norteamericana. Allá que los afectados presenten pruebas. La suerte de los ecuatorianos tomados individualmente tiene menos valor que las relaciones entre gobiernos. El poder desconfía de los ciudadanos y prefiere echar tierra sobre sus vicisitudes cotidianas.

Ya están emprendiendo un nuevo endeudamiento externo para la reforma educativa, cuando todavía no han “transparentado” el fracaso de las reformas anteriores.

Nadie en el poder tiene interés por transparentar nada, y lo que develen, lo harán a regañadientes, a exigencias de la ciudadanía.

Y mientras se defienden los secretos del manejo de la cosa pública, el SRI, tal como lo denunciara Fernando Bustamante en su columna de diario Hoy, desnuda a los ciudadanos y viola su derecho a la intimidad averiguando en detalle, con nombre, apellido, cédula y dirección, cuáles son sus gustos, sus hábitos de consumo.

Hay un filósofo por allí que afirma que cuando un Estado no respeta el derecho individual al secreto, se convierte en violencia policial, inquisición, totalitarismo. La democracia, afirma, se sustenta en el derecho al secreto personal... y en el derecho a la transparencia de la cosa pública.

Inquisición, totalitarismo, son las respuestas del poder político cuando le apremian los ciudadanos.