El informe pone en duda, además, las bases jurídicas por las que se creó la Comisión Eléctrica de Guayaquil así como el Fideicomiso para la Generación y Distribución de Energía Eléctrica de Guayaquil, organismos que se constituyeron para representar al Estado como beneficiario de los fondos que deja la generación y distribución de energía eléctrica en Guayaquil y para hacerse cargo de los bienes de Emelec Inc. y de Electroecuador.

Se ha pedido al Procurador que emita su criterio sobre tan espinoso asunto, lo que sin duda constituye un paso indispensable para aclarar la confusa situación jurídica que se ha creado.

Sin embargo, nos atrevemos a afirmar que el Gobierno y las autoridades locales deberán ir más allá. Lo que hoy se está discutiendo, si no queda resuelto de manera absolutamente clara, mañana podría convertirse en un obstáculo para que Guayaquil cuente con una empresa eléctrica –cualquiera que esta sea– solvente y respetada. Se vuelve indispensable, por tanto, que se abra un diálogo amplio para allanar todas las objeciones planteadas y no dejar ningún cabo suelto en materia legal.