La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lanzó este lunes un "llamado urgente" a los organismos internacionales de derechos humanos y al gobierno para que atiendan la situación de emergencia que viven los aborígenes en el norteño departamento de Cesar, por la acción de los grupos armados ilegales.
La ONIC hizo ese llamado tras denunciar que el pasado 23 de junio fue secuestrado y asesinado el indígena kankuamo Romelio Pacheco, de 52 años, en Patillal (Cesar) "por miembros de grupos paramilitares que operan en esa región".
"Ante este nuevo crimen, exigimos del gobierno y de los organismos de control e investigación del orden nacional que se inicien inmediatamente las investigaciones que conduzcan a la identificación, captura y juzgamiento de los responsables", subrayó un comunicado de la ONIC.
La organización indígena dijo responsabilizar "al gobierno y a sus entidades de estos crímenes, ante la ineficiencia mostrada para garantizar la vida e integridad física y cultural del pueblo kankuamo".
Asimismo, la ONIC pidió a los organismos de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como al Comité Internacional de la Cruz Roja "que de manera urgente activen los mecanismos de protección y lleven a cabo las acciones humanitarias para detener estos asesinatos continuados".
Según la entidad, las etnias siguen siendo víctimas de la violencia de los grupos armados irregulares, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -de la OEA- pidió al gobierno la aplicación de medidas cautelares para proteger a las comunidades de aborígenes, las cuales fueron adoptadas en septiembre pasado.
Sin embargo, anotó, "las medidas adoptadas por el gobierno han sido harto inadecuadas e insuficientes para detener este etnocidio, como lo muestra la cifra de 14 indígenas asesinados desde esa fecha".
La ONIC precisó que "el pueblo kankuamo ha sufrido en medio de la guerra el asesinato de más de 250 indígenas en los últimos ocho años, entre ellos autoridades tradicionales y líderes".
Además "el desplazamiento forzado de más de 300 familias de sus territorios ancestrales, la desaparición de más de 20 de sus miembros, la ocupación de su territorio y sitios sagrados por los actores armados que operan en la región y la desarticulación de sus comunidades".
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que las comunidades indígenas son víctimas de una campaña de exterminio en Colombia por parte de los grupos armados irregulares, tanto paramilitares de extrema derecha como guerrillas de izquierda.
Según datos oficiales, los indígenas, de 86 etnias y representados por la ONIC, constituyen cerca del 2,3% de la población colombiana, de un total de 44 millones de habitantes.