Campesinos rechazan subasta de tierras

El pasado miércoles llegaron a Guayaquil más de 200 campesinos de Vinces, Tarifa, Progreso, Santa Lucía, El Triunfo, Taura y Durán para pedir que los bancos cerrados no subasten las tierras en las que laboran desde hace más de diez años.

Con carteles, cada grupo mostraba su caso y pedía que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) expropiara el predio y luego se los adjudicara a su favor.

En las instalaciones del INDA (Malecón y Juan Montalvo) los campesinos mostraron su interés en comprar las haciendas.

La propuesta es que se las venda “a precios sociales y con condiciones de intereses y plazos flexibles y preferenciales”.

En la mesa directiva estaban representantes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín), además de representantes del INDA.

Minutos antes de comenzar la reunión, se presentaron miembros de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) e indicaron que luego de que el INDA dé su posición sobre el pedido, analizarán, junto con los campesinos, cada caso.

El primer tema que se puso en discusión fue el del predio denominado Productos Agrícolas Fluminenses, del cantón Vinces (Los Ríos), de 1.056 ha.

Este bien, que era de propiedad de la compañía Inducape, fue embargado por el Banco Unión por una deuda pendiente de alrededor de cinco millones de dólares.

En estas tierras, dijo la Asociación Aguacatal de Abajo, están cerca de 115 agricultores, que temen quedarse sin trabajo. Una situación similar enfrentan los campesinos que laboran en el predio Río Mar, en Tarifa. Este pasó a manos de Financorp, luego de que las compañías Prodeporti S.A. y Mercambi S.A. lo entregaran como parte de pago de su deuda.

El caso se repite en nueve predios más, dos de los cuales están en propiedad de Filanbanco, en Santa Lucía.

Desde hace dos semanas los campesinos intensificaron sus pedidos, pero aún no reciben respuesta.

Reclamos de tierra
Desde la parroquia Progreso llegaron al INDA alrededor de 30 personas de la comuna Caimito, quienes pedían que se les reconociera la posesión ancestral de las 5.883 ha del predio. Estaban preocupados porque “pretendió mediante la firma de un fideicomiso denominado El Descanso entregar 2.130 ha a la AGD como parte de pago de una deuda de 25 millones de dólares”.