Rubén Barreno, presidente del directorio del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), aseguró que apenas el 8% de los ecuatorianos no tiene el servicio eléctrico. El 92% restante cuenta con el abastecimiento de este servicio, dijo.

Ese porcentaje de la población rural que carece del servicio –justificó el funcionario– no cuenta con electricidad porque vive en comunidades alejadas de las zonas pobladas rurales o aisladas; eso implica costos muy elevados para instalar cables y postes.

El Fondo de Electrificación Rural Urbano-Marginal (Ferum) cubre parte de esos proyectos. Su presupuesto se financia, entre otros rubros, del 10% adicional que aportan los consumidores eléctricos de los sectores comerciales e industriales del país. La semana pasada el Gobierno remitió una reforma a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, para reducir ese porcentaje al 5%.

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Mensualmente, las planillas eléctricas en los hogares alejados también iban a resultar altas y esos costos no hubiesen sido afrontados por dichos habitantes.

La alternativa: producción eléctrica, a través de pequeños proyectos que funcionen con el viento (eólicas), el sol (fotovoltaica) y poca agua (minicentrales hidroeléctricas).

Crear ese tipo de proyectos requerirá una inversión de 100 millones de dólares, que se conseguirán vía donaciones de organismos no gubernamentales internacionales. La contraparte será presentar programas sostenibles en el tiempo.

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Según estadísticas del Conelec, las poblaciones menos atendidas están en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Cotopaxi, Esmeraldas y Manabí. Las más atendidas, en cambio, son Galápagos, Pichincha y Guayas.

No obstante, hace tres años, el censo del 2001 reveló que el 21% de la población nacional no tenía servicio eléctrico, el 79% estaba atendida, pero no se especificó cómo consiguió el alumbrado. Un técnico de la entidad, que prefirió reserva, explicó que esa cifra no era real porque la consulta no era específica.