Defensoría pública trabaja con limitaciones de fondos

Guayaquil tiene cuatro defensores públicos, pero necesita por lo menos 50 para dar un buen servicio.

Nadia Tama está desempleada hace dos años y, por no actualizar a tiempo sus datos personales en el Ministerio de Bienestar Social, acaban de retirarla de la lista de beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano.

La semana pasada, su hijo menor (tiene dos, una de 9 y otro de año y medio) cayó enfermo. Sin dinero para cancelar la cuenta del hospital, pidió ayuda a la trabajadora social que le aconsejó demandar una pensión alimenticia de su ex conviviente.

Hasta le prestó $ 0,25  para que tome un bus y vaya a la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y busque a un defensor público (cuyo servicio es gratuito) para que la represente en el litigio. Ella le hizo caso, aunque ya sentada en el transporte pensó que no tendría dinero para regresar.

“Desde que los juzgados de la Niñez dependen de la Función Judicial tenemos más trabajo”, dice Marlene Mazzini, quien ejerce la defensoría pública hace 22 años. Ella es la jefa de otros tres defensores públicos, cuatro ayudantes y un amanuense o secretario.

La oficina depende –en estos momentos– administrativa y financieramente de la Función Judicial, pero el pasado lunes, el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, envió al Congreso el proyecto de Ley de la Defensoría Pública Nacional, que plantea la creación de una entidad autónoma, de igual estatus que el Ministerio Público (Fiscalía).

Mazzini señala que dicho documento no fue presentado previamente a los defensores públicos. De allí que no conocen en detalle su contenido.

A ella le interesa saber especialmente el mecanismo de financiamiento de la nueva oficina porque, tal como funciona ahora, tiene muchas limitaciones económicas, de personal y hasta de espacio (su oficina –ubicada en el mezanine del Palacio de Justicia– resulta estrecha para recibir a las decenas de usuarios que acuden diariamente).

Entre enero y junio de este año, la dependencia tramitó más de 2.000 casos (especialmente penales, civiles y de Niñez), es decir que cada funcionario atendió unos 400.

La jurista cree que la provincia del Guayas necesita 50 abogados (solo hay 4) para equiparar su trabajo al de los acusadores (fiscales).

4 DEFENSORES
públicos tiene Guayaquil; en Pichincha hay otros 4, y en Cuenca, 2. En total, el país tiene 32 defensores públicos y más de 320 fiscales.

500 DÓLARES
es el sueldo básico de un defensor público. Más los beneficios y subsidios de ley percibe 1.200 dólares.

2.166 CASOS
tramitaron, entre enero y junio de este año, los cuatro defensores públicos de Guayaquil, según la secretaría de la oficina.