Jubilados marcharon ayer. La toma de la Caja del Seguro de Guayaquil cumple hoy 11 días.

Ricardo Ramírez, representante de los afiliados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), considera que si el Congreso aprueba la próxima semana la Ley de Pensiones Jubilares que fija una pensión mínima de $ 135, también debe encontrar la forma de financiamiento para evitar el colapso económico del Instituto.

Ramírez habla de un compromiso público del IESS con el Gobierno para someter a auditoría el incremento de las pensiones jubilares, lo que retrasó su aprobación y generó las protestas de los jubilados.

Pregunta: ¿Cómo se garantiza que no se merme el fondo de pensiones para los futuros jubilados, después del alza que suma 65 millones?
Respuesta:  El incremento actual sale del rendimiento en el 2003 del Fondo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte. De esa utilidad se toma un porcentaje para el aumento, otro monto es para devolverlo al fondo y mantener el ingreso. Para pagar durante 40 años ese incremento necesitamos más de 900 millones de dólares.

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P: Si las utilidades del Fondo de Pensiones en el 2003 fueron de 85 millones, los 65 millones de incremento representan más del 50%...
R: Los 65 millones incluyen el 40% que debe asumir el Estado. Nosotros destinamos 39 millones y el Estado tiene que pagar 26 millones.

P: ¿Cómo se garantiza que el incremento es sostenible si aún no se realiza la auditoría externa?
R: De acuerdo con los artículos a los que nos remitimos, como el 232 de la Ley de Seguridad Social, que trata de la Ley de Pensiones, se supone que el IESS realizará periódicamente estudios actuariales y con base en ellos determinará la cuantía de las pensiones en curso de pago.
Esos estudios no tienen que ser auditados; el próximo año elevaremos la pensión y tampoco tienen que auditarse.

P: ¿Y si no tenían que ser auditados, por qué esperaron más de un mes para aprobar el alza de pensiones? El Consejo argumentaba que primero debía terminar la auditoría...
R: Hay un antecedente, nosotros teníamos con el Estado un compromiso público que impone la auditoría externa de los estudios actuariales; es un mecanismo que encontramos para obligar a que nos pague la deuda, de lo cual dependen las jubilaciones en el futuro.

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P: ¿Si era un acuerdo para que el Estado asumiera la deuda con el IESS, por qué se incluyó en eso a las pensiones?
R: Porque son parte de los estudios actuariales institucionales, porque nosotros sabíamos que iba a haber argumentos en contra del incremento, como el del Ministro de Economía, que dice que es antitécnico.

P: ¿Cuál es su estrategia para cesar la protesta de los jubilados?
R: Tienen derecho a protestar. Mi propuesta es la mediación de la Defensoría del Pueblo para conformar una comisión ciudadana que revise los estudios actuariales y establezca si se puede modificar el incremento.