Grotesca imitación de la justicia

El memo de Ashcroft declara que la ley federal en contra de la tortura no se aplica a interrogatorios de combatientes enemigos “que provengan y estén en conformidad con la autoridad (del Presidente) como comandante en jefe”. En otras palabras, el Presidente está por encima de la ley.

No hay duda: John Ashcroft es el peor procurador general en la historia.
En esta columna vamos a centrarnos apenas en la participación de Ashcroft en el combate contra el terrorismo. Antes de los atentados del 11 de septiembre, mostraba un agresivo desinterés hacia la amenaza terrorista. Ni siquiera mencionó el contraterrorismo en un memorando de mayo del 2001, el cual delineaba prioridades estratégicas para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cuando la comisión del 11 de septiembre le preguntó la razón, respondió culpando al gobierno del presidente anterior, Bill Clinton.

No podemos saber de manera directa si las políticas de Ashcroft posteriores al 11 de septiembre están protegiendo a Estados Unidos de atentados terroristas. Sin embargo, diversas piezas de evidencia dejan entrever lo contrario.

Consideren la falta de detenciones de importancia. En algún lugar, el terrorista del ántrax se está riendo. Sin embargo, a ustedes les alegrará saber que el Departamento de Justicia norteamericano está tratando de determinar si puede entablar cargos de bioterrorismo contra un profesor de arte en Búffalo, cuyo trabajo incluye bacterias inofensivas en cápsulas de Petri.

Quizás lo más revelador sea la forma en que Ashcroft responde a las críticas sobre su desempeño. Su primer movimiento siempre consiste en retener la evidencia.
Después, trata de cambiar de tema con un drástico anuncio sobre una amenaza terrorista.

Consideremos el caso de la ex traductora del FBI, Sibel Edmonds, quien afirma que la división de idiomas de esa dependencia está plagada de incompetencia y corrupción, y que se pasaron por alto cruciales advertencias de terrorismo. En el 2002 proporcionó, a puertas cerradas, su testimonio ante el Congreso norteamericano; el senador Charles Grassley la describió como “muy creíble... porque gente al interior del FBI ha corroborado buena parte de su historia”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia invocó el “privilegio de secreto de Estado”, que muy rara vez se usa, para impedir que Edmonds proporcione evidencia. Asimismo, clasificó como confidenciales los testimonios que dieron oficiales del FBI hace dos años, y a los que presumiblemente se refería Grassley.

Para ver un ejemplo de cómo Ashcroft cambia de tema, consideren el caso José Padilla. En junio del 2002, Coleen Rowley proporcionó un devastador testimonio ante el Congreso acerca de fracasos en el FBI (una entidad que depende de Ashcroft) antes del 11 de septiembre del 2001. Cuatro días más tarde, Ashcroft encabezó una dramática rueda de prensa y anunció que José Padilla estaba involucrado en una aterradora conjura. En vez de presentar a Rowley, las portadas de las revistas mostraron al “terrorista de la bomba sucia”. Desde entonces, Padilla ha estado detenido como un “combatiente enemigo” sin derechos legales. Sin embargo, la revista Newsweek informa que “oficiales del gobierno ahora aceptan que el principal alegato que expusieron contra Padilla (esto es, que viajó a Estados Unidos con el propósito de hacer estallar una ‘bomba sucia’ radiológica) era equivocado y muy probablemente nunca se podrá usar en una corte”.

Con todo, el aspecto de mayor importancia es el memorando. Hace un par de semanas, Ashcroft se negó a divulgar un memorando sobre tortura que su departamento preparó para la Casa Blanca casi dos años atrás. Afortunadamente, sus tácticas dilatorias no funcionaron: el diario The Washington Post ya adquirió una copia del memorando y lo publicó en su sitio de internet. Buena parte del memorando tiene que ver con la definición de la tortura: si el dolor infligido sobre un prisionero es menor al de una “seria herida física, como la falla de algún órgano”, entonces no es tortura. El memo declara que la ley federal en contra de la tortura no se aplica a interrogatorios de combatientes enemigos “que provengan y estén en conformidad con la autoridad (del Presidente) como comandante en jefe”. En otras palabras, el Presidente está por encima de la ley.

El memorando se dio a conocer días atrás. Inmediatamente Ashcroft convocó a una rueda de prensa con el fin de anunciar una demanda formal en contra de un hombre acusado de conjurar para hacer estallar un centro comercial en Ohio. La sincronía fue, estoy seguro, pura coincidencia.