Ejecutivo envió ayer al Congreso Nacional las reformas a la Ley de Hidrocarburos

El Gobierno envió ayer al Congreso –con el carácter de económico urgente– las reformas a la Ley de Hidrocarburos, cuya finalidad es asociar a Petroecuador con la empresa privada para explotar los campos en producción.

Shushufindi y Lago Agrio serán los primeros en licitarse. El proceso se iniciará en dos meses.

Las dos áreas forman parte de los cinco grandes campos hidrocarburíferos del país. De Shushufindi se extrae un promedio de 54.000 barriles por día (el más grande del país); y de Lago Agrio, alrededor de 10.000 barriles.

Otras áreas que se licitarán en un segundo paquete son Sacha o Auca y Culebra-Yulebra. No se las consideró en el primer proceso porque el Estado quiere medir, previamente, el interés del mercado, informó el ministro de Energía, Eduardo López.

El régimen considerará tres aspectos antes de declarar una ganadora en los procesos de licitación: participación sobre el 35%, que fijó el Gobierno en el proyecto como porcentaje mínimo para el Estado (incluido regalías); costos de producción inferiores a los de la empresa estatal (está en 4 dólares); e inversiones altas y tecnología.

López afirmó que el Gobierno busca licitar, únicamente cuatro áreas. La inversión estimada en todas ellas es de $ 1.000 millones.

Para que el Estado transfiera dichas áreas a las contratistas, el Congreso debe primero reformar la Ley de Hidrocarburos, pues no existe una figura legal que permita a las petroleras privadas operar en campos estatales en producción.

El documento con los cambios legales llegó ayer a la Secretaría del Congreso y contiene tres artículos, que añaden dos incisos a los numerales 2 y 14 de la ley vigente.

La propuesta establece que los contratos de asociación, que se aplican para exploración y explotación de hidrocarburos, también se utilicen para la explotación de yacimientos que se encuentren en producción, donde además deberán realizarse actividades de exploración adicional.

En ese texto, consta asimismo que el 35% será el porcentaje mínimo de participación que tendrá el Estado. El 65% restante entra en oferta para las empresas.

El Congreso tiene 30 días para aprobar, negar o reformar el proyecto enviado por las autoridades. Una vez en la Secretaría del Congreso pasa a la Comisión de lo Económico, que lo analiza y presenta un informe al pleno, para iniciar el primer debate.