El grupo alimentario italiano Parmalat redujo sus ingresos un 2,3% entre enero y mayo de este año mientras, en lo judicial, la fiscalía de Parma reclamó este miércoles la prórroga del arresto domiciliario para varios de los encausados por la quiebra, entre ellos el ex propietario Calisto Tanzi.
 
Los problemas financieros de Parmalat trascendieron a finales del año pasado, hasta llegar a la declaración de insolvencia, lo que motivó la actuación judicial, que procede contra casi una treintena de personas por el presunto delito de bancarrota fraudulenta.
 
El grupo, que cuenta con Enrico Bondi como gestor extraordinario nombrado por el Gobierno, obtuvo en los cinco primeros meses de este año una facturación de 1.484 millones de euros (1.780 millones de dólares), un 2,3% menos que en el mismo período de 2003, aunque el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 13,4%, hasta los 101,3 millones de euros.
 
La reducción de costes operativos y algunas iniciativas comerciales explican la mejora de los resultados, según una nota de la compañía.
 
La deuda del grupo se ha situado en 13.841 millones de euros (16.609 millones de dólares) frente a los 13.530 millones de euros (16.236 millones de dólares) de finales de diciembre pasado.
 
En el ámbito judicial, la fiscalía de Parma, que investiga el caso junto a la de Milán, ha pedido al juez que prorrogue el arresto domiciliario de Tanzi, de los ex directores financieros de Parmalati Fausto Tonna y Luciano Del Soldato, del abogado Giampaolo Zini y de los contables Franco Gorreri e Claudio Pessina.
 
En los próximos días tendrá lugar una audiencia judicial para la eventual ratificación del arresto de esas personas, que figuran entre las veintiséis personas físicas y tres jurídicas para las que el fiscal pide un juicio.
 
Corresponde al titular del juzgado determinar si procede el juicio contra todos ellos, bajo diferentes acusaciones, según los casos, de especulación abusiva, falsas comunicaciones, obstaculización de la función de control por parte de la Bolsa de Milán, bancarrota fraudulenta y asociación para delinquir.