La Defensoría del Pueblo cuestiona el proyecto mediante el cual el Ejecutivo propone la creación de una Defensoría Pública que se encargue de brindar asesoramiento jurídico gratuito a las personas que están encausadas en un proceso legal y que no tienen recursos económicos para contratar a un abogado particular.

El encargado de esa entidad, Claudio Mueckay, aseguró que el derecho a la defensa está consagrado en el artículo 24 de la Constitución y que, de acuerdo con ello, a la Defensoría del Pueblo le corresponde coordinar el trabajo que cumplen en el ámbito nacional los defensores de oficio.

Mueckay indicó que de ser creada, la Defensoría Pública “no será sino otro ente burocrático que duplicará las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y que generará un gasto adicional para el Estado”.

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El funcionario dijo que su entidad cumple con las funciones de Defensoría Pública y para ello firmó convenios con once universidades para que los egresados de las facultades de Derecho desempeñen las funciones de abogados de oficio.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Hernán Rivadeneira, dijo que la creación de la Defensoría Pública está configurada en los artículos 74, 75 y 76 del Código de Procedimiento Penal y podría aportar para reducir la acumulación de los procesos legales pendientes. Además dijo que la creación no significará una duplicación de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.