Tenemos que hacerlo porque las autoridades de Gobierno y de Policía no han dado, hasta ahora, ninguna explicación de por qué permiten este daño social.

Y no nos referimos solo a la violación de leyes y reglamentos, y a la estafa moral que aquello representa, sino también al mensaje que le estamos transmitiendo a los ecuatorianos y al mundo al permitir semejante desacato: este es un país donde se le puede quitar el dinero a los niños, en plena vía pública, a la luz del día, y ante el silencio cómplice de quienes fueron elegidos o designados para evitar que tal cosa suceda.

En todo el mundo las máquinas tragamonedas son una actividad muy restringida, que solo se la permite cuando se cumplen estrictas condiciones. De ese modo se evita el deterioro social. Y la condición que más se vigila, por cierto, es la del límite de edad: en nuestro país, no solo se está violando ese límite, sino que se lo está haciendo a vista y paciencia de todos.

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¿Dónde están los funcionarios encargados de velar por la niñez? ¿Conoce la Primera Dama de esta grave situación, o sus colaboradores no le informan de estos problemas?